La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo 'no puede aceptar' que la retirada de coches oficiales a los 80 magistrados del alto tribunal adoptada por el Ministerio del Interior 'se refiera única y exclusivamente a este Tribunal con desprecio de su relevancia institucional en contraste con el tratamiento que se da a otros organismos del Estado de análoga e inferior relevancia'.

En un acuerdo adoptado hoy, la Sala de Gobierno del Supremo asegura entender que 'los sacrificios económicos que impone la situación por la que atraviesa el país debe alcanzar a todas las instituciones y órganos del Estado', pero insiste en que adoptará 'las iniciativas oportunas' si la medida de recorte adoptada, 'tal como en principio aparece', sea una injustificada discriminación institucional'.

Además, la Sala de Gobierno considera que las formas en que se han comunicado al Tribunal Supremo estos acuerdos 'no corresponden al procedimiento que debe seguirse en el orden institucional', En cuanto a la reorganización de los servicios de seguridad —retirada también de los escoltas a los magistrados—, señalan que constituye una medida que afecta a todos los poderes, administraciones y organismos por igual, 'por lo que el Tribunal Supremo confía en que el Gobierno seguirá protegiendo a los magistrados que lo integran en función de las circunstancias de cada caso'.

El Supremo no concreta a qué organismo análogo o inferior se refiere que haya mantenido los coches oficiales. Los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial ya no disponen de escolta pero han mantenido el vehículo porque los conductores eran del Parque Móvil Ministerial y no de Interior, como era el caso de los correspondientes a los jueces del Supremo.