Ocurrió el pasado 17 de marzo en los aparcamientos del centro comercial Carrefour San Pablo, en Sevilla Este. Un grupo de inmigrantes procedentes de distintos países africanos dejaba pasar el tiempo bebiendo unas latas de cerveza y de refrescos. Era sábado y vísperas del bicentenario de la primera Constitución democrática de este país, una efeméride que quizá ignorasen cuatro de los allí presentes y que se encontraban acogidos a un Centro de Ayuda al Refugiado. Un agente motorizado de la Policía Nacional se les acercó: 'Los negros no tenéis que beber aquí en la calle', les espetó. Palabra contra palabra, claro, como siempre. Probablemente ningún tribunal les diera crédito cuando repitiesen lo que luego dijo a uno de ellos que hizo amago de protestar por su tono: 'Si no te gusta lo que estoy diciendo, negro de mierda, vete a tu país'. Una provocación acorde con los célebres cupos de detención de inmigrantes que regían hasta hace poco en nuestro país, aunque oficialmente no existieran.

El agente les pidió la documentación. François Bayiga, un camerunés minusválido, se la entregó pero él se la guardó sin devolverla. El inmigrante la reclamó y fue entonces cuando empezó a golpearle, al tiempo que reclamaba ayuda ante el supuesto ataque de un grupo de negros. Veinte 'lecheras' de la policía se personaron en el lugar de los hechos. A Bayiga, le tiró al suelo, le rompió la muleta y le arrancó las prótesis de sus piernas arrastrando con ellas su pantalón y dejándole semidesnudo en público. Mathial Efo, de Chad, logró grabar con su móvil lo que vino luego, una brutal paliza en la que sufrieron especialmente daños otros dos inmigrantes, a uno de los cuales, AmmedYoiwa, le golpearon directamente en la boca con la porra, machacándole los dientes cuando lograron localizarle en el interior del centro de refugiados. A otros dos, Georges Ngue Bounal y Ferdinand Zantza, les golpearon en las rodillas, en las piernas y en las cervicales. A los cinco, les detuvieron y los metieron en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía en Sevilla.

Hasta ayer, la única denuncia que había presentada era la de la policía contra ellos por un supuesto de resistencia a la autoridad. Con la asesoría de los abogados de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, esos cinco inmigrantes golpeados se personaron en la mañana de hoy viernes ante el Juzgado de Instrucción número 19 de los de Sevilla para presentar una demanda contra los agentes que les maltrataron.

En Sevilla, se ha creado una Plataforma contra la Violencia Institucional que agrupa a varias ONGs, incluyendo a Derechos Humanos, y que se muestra confiada en una resolución a favor de los inmigrantes, teniendo en cuenta ya algunos precedentes como una reciente sentencia del juzgado número 2 de lo penal que absolvió a un inmigrante por la denuncia que interpuso en su contra la policía. Esta organización realiza actualmente un informe en la capital de Andalucía, en el que se denuncia que 'en barrios como Macarena, San Jerónimo, Su Eminencia o Pumarejo, coger el autobús, frecuentar el polideportivo, acudir a rezar, reunirse en el parque, ir al trabajo, llamar en un locutorio, comprar en una tienda o llevar a los hijos al colegio, se está convirtiendo para estas personas en una verdadera hazaña. La plataforma considera inaceptable que por el simple hecho de tener unos determinados rasgos físicos alguien pueda ser objeto de un trato vejatorio, injusto y discriminatorio'.

'El número de solicitantes de asilo desciende cada año en España debido a las negociaciones con Marruecos para que sea este quien no deje pasar a las personas en busca de refugio dificultando la posibilidad de solicitarlo. La plataforma denunció que España está a la cabeza de Europa en vulneración del derecho de protección y de asilo', afirma Carlos Serrano, portavoz de esa plataforma que agrupa desde 2010 a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Oficina de Derechos Sociales de Sevilla, Voluntariado Claver, Mesa Cristiana de Migraciones, Fundación Sevilla Acoge, MAD África, o el Grupo de abogados 17 de Marzo.

Como ejemplo, recuerdan que el pasado domingo 10 de junio la Organización Democrática del Trabajo organizó en Rabat una manifestación bajo el lema 'La marcha de la cólera, en defensa de la ignidad y de la justicia social de los trabajadores'.

'En Marruecos se está intensificando la represión y estigmatización de esta población' 'En el momento de concentrarse para comenzar el acto, las autoridades se presentaron en los alrededores del lugar de convocatoria para 'advertir' a los inmigrantes subsaharianos que pretendían manifestarse de que la participación en la marcha supondría su arresto', relatan los activistas andaluces, que también recuerdan que ese mismo día se hostigó a los inmigrantes procedentes del Africa subsahariana en Tánger y otros lugares del norte: 'En Marruecos se está intensificando la represión y estigmatización de esta población. Los medios de comunicación están publicando falsas noticias informando de que estas personas subsaharianas son, en realidad, rebeldes procedentes de Libia o de Mali. Utilizando esta burda excusa, están multiplicándose las redadas y las deportaciones en el reino alauita y se normaliza la xenofobia en la población local. Las operaciones realizadas por parte del gobierno marroquí son totalmente opacas y carecen de observadores externos que puedan dar fe de lo que está ocurriendo'.

CIEs manifiestamente mejorables

Uno de los focos habituales de las denuncias de las organizaciones pro derechos humanos estriba en el funcionamiento y la existencia de los Centros de Internamiento de Inmigrantes (CIEs), cuya denominación pretende cambiar ahora el Gobierno español en una labor de maquillaje que también permitirá una mayor presencia de las ONGs en su interior. Algunos de estos centros manifiestamente mejorables empiezan a cerrar sus puertas como el de Capuchinos en Málaga, clausurado este miércoles después de que durante una década se reclamase dicha medida: 'El cierre del CIE de Capuchinos acaba con 22 años de historias de sufrimiento innecesario  de las miles de personas que han pasado por estas instalaciones desde su apertura en 1990. Baste decir que, según datos del Ministerio del Interior, entre 2004 y 2009 pasaron  por allí más de 17.000 personas.

A lo largo de estas más de dos décadas, las denuncias y quejas de un buen número de organizaciones, entre ellas Málaga Acoge, han sido una constante debido a la falta de respeto a los Derechos Humanos, los abusos, las malas condiciones del centro o la falta de transparencia en su gestión y funcionamiento. De hecho, apenas dispone de una Orden Ministerial que regula su funcionamiento y éste ha estado siempre a disposición de sus diferentes directores, que han decidido arbitrariamente aspectos como el régimen de visitas', afirma José Luis Rodríguez, de Málaga Acoge . Ahora, les tocará luchar por el cierre de otros CIEs en penosas condiciones, como el de Algeciras, ubicado en una antigua prisión. O el de la Isla de las Palomas, en Tarifa, que ni siquiera aparece catalogado bajo dicho acrónimo, a pesar de que se ha utilizado ocasionalmente para hacinarles.