Frenazo en seco a la investigación judicial de la cacería de elefantes del rey en Botsuana. La Fiscalía Anticorrupción no estudiará si el monarca pudo cometer un presunto delito de cohecho pasivo impropio por haber aceptado que el empresario saudí Mohamed Eyad Kayali pagara los gastos del viaje que sólo trascendió porque acabó con el jefe del Estado en el hospital, operado de urgencia por una fractura de su cadera derecha.

La denuncia había sido elaborada por el letrado José Luis Escobar e impulsada por el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional (MCRC) y tomaba como base la doctrina utilizada por el Tribunal Supremo en el caso de los trajes que puso en el banquillo al expresident valenciano Francisco Camps. Entonces, el Alto Tribunal rubricó que una autoridad puede cometer el delito de cohecho impropio si recibe dádivas por razón de su cargo, sin que haga falta una contraprestación. El escrito apuntaba que ese era el caso: Kayali obsequió al rey con ese safari de lujo por ser quien era, la primera cabeza del Estado. El escrito intentaba sortear también el escollo más difícil: la consagración que la Constitución hace del monarca como persona inviolable (artículo 56. 3). ¿Cómo? Apuntando que el rey sólo goza de inmunidad cuando ejerce como jefe del Estado, pues sus actos son refrendados por el Gobierno. Pero aquellos que conciernen a su vida privada no estaban protegidos, y por tanto podía perseguírsele penalmente si se observaba delito [consultar denuncia íntegra aquí]. 

El archivo es una 'monstruosidad' porque sitúa al rey 'por encima de la ley', dice el letrado

Anticorrupción, en un escrito fechado el pasado 23 de mayo y al que ha tenido acceso Público [descargar aquí], alega que la imputación 'no puede prosperar' al estar el cohecho impropio incluido en el Código Penal, en el título referido a los delitos contra la Administración Pública. Sin embargo, el fiscal dice que el bien jurídico protegido es la 'integridad de la gestión administrativa y el respeto que se debe al normal funcionamiento de los órganos del Estado'. Pero el obstáculo más grande para el Ministerio Público es que 'se aúna la condición de inviolabilidad del rey de España, así dispuesto en la Constitución'. Por todo ello, el fiscal procede al archivo de las diligencias, sin posibilidad de recurso alguno. Nada más. Anticorrupción emplea menos de un folio en su respuesta. No indaga si hay delito o no, sino que descarta estudiar el caso aferrándose a la condición 'inviolable' de Juan Carlos. 

El archivo es para Escobar una 'monstruosidad', porque situar al monarca 'por encima de la ley' significa 'devolver al país no sólo al Medievo, sino a la Antigüedad'. 'Sólo tiranos como Hipias o a reyes como Jerjes o Darío tuvieron el privilegio que la Fiscalía otorga ahora a Juan Carlos pues frente a él, todo español queda desprovisto de sus derechos y su condición de ciudadano'. Este abogado insiste en que el rey no es libre en sus actos oficiales como jefe del Estado, y por tanto no es responsable de ellos, pero sí que es 'responsable' de sus actos privados.

'¿El Estado no puede perseguir al monarca si da un golpe de Estado? –se pregunta–. ¿No puede hacer nada si cometiera un presunto delito de robo, violación o asesinato? ¿No hay nadie para exigirle responsabilidades? Según las tesis de la Fiscalía, cualquier ciudadano tiene que doblegarse ante el rey, y el Estado renuncia a defender la vida y el interés legítimo de los ciudadanos. El Ministerio Público reviste al rey del ropaje personal de un tirano, viene a decir que está fuera de la ley'. 

Avanza que se presentará querella y que espera que llegue al Constitucional

Escobar también lamenta la escueta argumentación del fiscal, que contrapone a las razones, incluso de Derecho Internacional, que aportó en su denuncia, como la remisión al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que en su artículo 27. 1 estipula que el tratado es aplicable 'por igual a todos', sin excluir al jefe del Estado. 'Esperaba que la Fiscalía, casi por educación, razonara más su respuesta. O tiene una razón más poderosa, o su exposición es ridícula. ¿Cómo se puede defender que el rey está por encima de los derechos de los ciudadanos? La Fiscalía debe velar por la legalidad, la protección de los derechos ciudadanos, jamás los debe anular', asegura con indignación a este diario. 'La Fiscalía es un instrumento más del poder y renuncia a su obligación constitucional para proteger a la Corona', añade y remacha: 'La Zarzuela está muy a gusto porque el Ministerio Público es su gran abogado'. 

¿Y qué hacer ahora? El letrado advierte que este no es todavía un caso cerrado. Cree que la vía judicial sigue abierta, aunque la Fiscalía haya dicho que no. Para ello, adelanta que se presentará una querella criminal en el plazo de un mes, una vez que se haya constituido una 'entidad jurídica', una asociación más formal, y no que se canalice a través de ciudadanos individuales, como ocurrió en el escrito ante Anticorrupción. La querella por un presunto delito de cohecho impropio se registraría en el juzgado de guardia de Madrid, ya que el monarca no goza de aforamiento –del que sí disfrutan, entre otros, los diputados y senadores o miembros del Gobierno central, que sólo pueden denunciados ante el Supremo–. Escobar asume que ese escrito será rechazado, pero se presentará a continuación un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. De allí viajaría al TS y de allí, finalmente, al Tribunal Constitucional (TC). Y ese es el objetivo último para él y para el MCRC que llegue al Alto Tribunal, el único que puede interpretar la Carta Magna, y en ella tiene un lugar privilegiado la Corona. 'El único que podrá zanjar si el monarca está sometido a la ley o por encima de la ley', subraya.