Hasta 6.010,12 podrán tener que abonar algunos de los manifestantes que participaron en la concentración frente a la comisaría de Zapadores en Valencia, con motivo de las movilizaciones que tuvieron lugar en torno al Instituto Lluís Vives. Fue el pasado mes de febrero, cuando, a raíz de la detención de un alumno de ese centro educativo en la manifestación que realizaban contra los recortes, se inició lo que se conoce como 'primavera valenciana'.

En la segunda jornada de protestas, el16 de febrero, un total de ocho jóvenes fueron detenidos frente al instituto y en el centro comercial de la calle Colón y, en respuesta, al día siguiente, unas doscientas personas protagonizaron una sentada de media hora frente a la comisaría de Zapadores, donde los policías identificaron a un buen número de ellos en una jornada que no terminó con el conflicto.

Ahora, según denuncia el diputado valenciano de Esquerra Unida-Los Verdes (EUPV) en el Congreso, Ricardo Sixto, el Gobierno ha iniciado expedientes sancionadores. Una 'lluvia de denuncias' que están llegando a los manifestantes que son 'susceptibles de ser sancionados con una multa de entre 300,51 a 6.010,12 euros', informa EP. Para evitar una cifra mayor, los imputados pueden optar por abonar el pago voluntario de 301 euros en cualquier momento anterior a la decisión definitiva y concluir el procedimiento.

El diputado exige al Ministerio del Interior el sobreseimiento de todos los expedientes por unos hechos que las autoridades califican como posiblemente 'constitutivos de una infracción grave'. Según una de las notificaciones de incoación de expediente difundida por EUPV, las multas se corresponden con la participación 'en una concentración no comunicada frente a las dependencias policiales, negándose a disolverse a pesar de los repetidos requerimientos de los agentes, dirigiendo insultos contra ellos, ocasionando desórdenes públicos y provocando cortes de tráfico en la vía pública'.

En opinión del diputado, estas sanciones 'no son más que la clara evidencia de la persecución policial que sufrieron, cuando no se produjo ni un solo daño ni a bienes, ni a personas'. Sixto, explica que las multas 'no están justificadas' debido a que pese a que la Policía asegura que los manifestantes se negaron a disolverse (lo que califica de 'absolutamente falso'), 'lo que hizo la policía es encerrarlos con una maniobra jaula, identificándolos por grupos, y por lo tanto era imposible que se pudieran disolver'.

'Es vergonzoso', asevera. 'Lo que pretende es criminalizar la participación en las concentraciones, argumentando que no estaban autorizadas', completa el diputado, que informa de que quien firma las aperturas de expedientes es 'una señora que está imputada por el 'caso Nóos', y que en estos momentos tendría que estar cesada': Isabel Villalonga.  Esquerra Unida ha anunciado que coordinará la asistencia legal con otras organizaciones, a todos aquellos afectados que lo deseen y que estén recibiendo denuncias.