'Es un intento grosero y falaz de los sindicatos para engañar a la opinión pública'. Así ha reaccionado hoy el ministro José Ignacio Wert ante la convocatoria de huelga general para el próximo día 22. 

El titular de Educación aseguró en el Senado a los medios de comunicación que respeta el derecho a huelga, pero cree que los representantes de los docentes usaron cifras falsas para justificarla. En concreto, acusó a los sindicatos de 'mentir' sobre el alcance del recorte del gasto público.

Wert: 'Es un intento deliberado de engañar a los ciudadanos' La Plataforma en Defensa de la Educación Pública cifró hoy, en el anuncio de la huelga,  en 'entre un 25 y un 30%' los recortes en los presupuestos educativos de las comunidades autónomas. Para Wert, dicho dato es 'un intento deliberado e irresponsable de engañar a los ciudadanos y crear una preocupación injustificada en las familias'.

Según los datos presentados por el ministro, el gasto educativo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2012 experimenta un recorte de 'apenas el 14%' respecto a los presupuestos ejecutados en 2011. Y, teniendo en cuenta que la mayor parte de las partidas educativas dependen de las comunidades autónomas, 'la disminución del gasto consignado en los PGE representa el 0,6% del gasto educativo total', detalló.

El ministro asegura que el tijeretazo será del 14%, no de entre 25 y el 30% Sin embargo, los sindicatos se basan en el actual Programa Nacional de Reformas del Reino de España, en el que sí se cita la cifra de la polémica. 'Las Comunidades Autónomas, que son las administraciones competentes en materia educativa, se ven ahora en la imposibilidad de reducir [el gasto corriente]. Para reducir dichas cifras, que representan entre el 25 y el 30% de sus presupuestos, el Gobierno ha aprobado un conjunto de medidas que les permitirán racionalizar su gasto', cita el documento.

Wert, por su parte, añadió también que, incluso 'en la hipótesis extrema' de que todas las comunidades aplicaran todas las medidas incluidas en el decreto de racionalización del gasto educativo, la disminución se situaría en torno a 3.000 millones de euros, cuando el gasto público en educación alcanza los 51.000.