'Pensé que me había equivocado de real decreto ley'. De la sorna echó mano esta mañana Álvaro Anchuelo, diputado de UPyD, nada más subir a la tribuna del Congreso. Resumía un sentir muy oído hoy en el pleno: pese a que el Gobierno se niegue a llamarlo así y pese a que defienda su medida a capa y espada, es lo que es, una amnistía fiscal que los grupos calificaron de 'inmoral', 'indecente' e 'injusta'. Todos los portavoces que desfilaron por el micrófono vapulearon la reforma estrella del Ejecutivo para recaudar más ingresos, a excepción de CiU y de, lógicamente, el PP.

Hoy se discutía la convalidación del real decreto ley que elimina deducciones del Impuesto de Sociedades a las empresas y que impone una escuálida tasa del 10% para aquellos defraudadores que regularicen sus activos. Medidas ambas complementarias del proyecto de Ley de Presupuestos del Estado para 2012 que el Gobierno presentó el pasado 30 de marzo.

Y quedó claro que no gusta a buena parte de la oposición. Las razones eran compartidas. La amnistía fiscal, argumentó Pedro Saura, portavoz del PSOE, implica un 'expolio al Estado del bienestar, a los investigadores, a los médicos, a los estudiantes...', a todos los que se les envía el mensaje de que hay disculpa para los ricos que mienten al fisco, mientras 'se suben impuestos a las clases medias y a los trabajadores'. En resumidas cuentas, dijo, 'se pasa de una política que persigue a los defraudadores a una que les perdona a ellos y a las grandes fortunas'. Cristóbal Montoro, en su defensa inicial, hizo hincapié en que el 'afloramiento de los activos ocultos' será 'positivo' pues servirá para 'la normalización de la actividad económica' y para que el dinero que estaba oculto 'deje de estarlo'. Como en otras ocasiones, el ministro de Hacienda se apoyó en que España imita el proceder de otros países de la OCDE. 

PSOE: 'Pasamos de perseguir a los defraudadores a perdonarles a ellos y a los ricos'

La partitura escrita por Saura fue secundada por los demás portavoces. Es una medida 'que atenta contra la Justicia y la equidad social', dijo Francisco Jorquera, del BNG. 'Optan por la apología del fraude', siguió Rafael Larreina, de Amaiur. 'Se les debería caer la cara de vergüenza', atizó Teresa Jordà (ERC). 'Un auténtico diezmo para blanquear el dinero negro', apuntaló Pedro Azpiazu, del PNV. 'Montoro ha vendido muy barata la conciencia social de los españoles, por un plato de lentejas', coincidió Anchuelo. Alberto Garzón, diputado de IU, abundó en la misma tesis: se da 'facilidad a los agujeros negros', y 'no sólo no se persigue' a los defraudadores, sino que encima 'se les legitima'.

Sin embargo, el argumento de más peso expuesto por la mayoría de la oposición incidía en la propia eficacia de la medida. El Gobierno prevé que afloren 25.000 millones de euros, de los que recaudará el 10%, unos 2.500 millones. Previsiones que parte de la Cámara ve como demasiado optimistas. Garzón recordó que en Alemania –uno de los países citados por Montoro como aval para su medida– se aprobó una amnistía fiscal semejante, pero aplicó un impuesto 'del 46%', cuando en España será sólo del 10%, de modo que la solución elegida por el Ejecutivo 'es la peor diseñada posible', porque además 'perdona todas las posibles multas'. UPyD agregó que los 2.500 millones de euros que, en el mejor de los casos, se recaben, supondrán apenas un 3% de los '80.000 millones de euros que se defraudan'. 

Anchuelo, por su parte, señaló que los defraudadores no se van a creer que esta es su última oportunidad de sacar a flote sus activos ocultos porque amenaza un plan de lucha contra el fraude, porque esta es la cuarta amnistía fiscal de la democracia y, por tanto, 'nadie verá la actual como algo irrepetible'. Los portavoces convergieron en otra crítica: los vaivenes del Ejecutivo, y su apuesta final por el perdón al dinero negro no creará 'confianza' en el exterior hacia España, justamente uno de los argumentos esgrimidos por Montoro en su intervención inicial de esta mañana. Incluso CiU, que apoya la vía elegida por Hacienda, bañó de realismo las cosas: 'Ustedes, como Fausto, han vendido su alma al diablo a cambio de dinero', azuzó Josep Sanchez Llibre. Esto es, lograr ingresos por la vía rápida sin tocar (por ahora) los tributos que gravan el consumo (IVA e Impuestos Especiales).

Los grupos urgen al Ejecutivo a aprobar un completo plan de lucha antifraude

Amnistía fiscal y subida de Sociedades, pues, para lograr rebajar la factura del déficit. En ese sentido, Garzón se congratuló de que el PP 'por fin haya vuelto a hablar de ingresos, y no sólo de recortar gastos', por lo que 'aunque acierta técnicamente al incrementar la progresividad fiscal', se queda 'corto'. Vieja ya es la demanda de IU de implementar una reforma tributaria por la que paguen más los que más tienen. El PSOE se subió también a ese carro al exigir un Impuesto para las Grandes Fortunas, gravamen que ni pensó en introducir en sus siete años al frente del Gobierno. 

El convergente Sánchez Llibre sí se declaró en cambio satisfecho con el decreto ley de Montoro, porque favorece a las empresas más internacionalizadas, atraerá la 'repatriación de capitales' y 'avanza' en la reestructuración del impuesto del tabaco. Auguró una mayor recaudación del Estado y de las comunidades autónomas. Y, como el ministro, negó que se pueda hablar de 'amnistía fiscal'. 

Toda la oposición, incluida CiU, coincidió en que más que nunca urge un plan completo de lucha contra el fraude y la economía sumergida. El Gobierno lo aprobará mañana en Consejo de Ministros, y ya ha adelantado dos medidas: limitar el pago en efectivo en operaciones a 2.500 euros y obligar a los que tengan cuentas abiertas en el extranjero a informar al fisco. 

La votación dio cuenta del amplio rechazo del real decreto ley. Salió adelante por 194 votos a favor (167 del PP, uno del PSOE por error, 11 de CiU y los de UPN y Foro Asturias) y otros 137 en contra (PSOE, Izquierda Plural, UPyD, PNV, Amaiur, ERC, BNG, CC, Compromís-Equo y Geroa Bai). No hubo abstenciones. PP, Foro Asturias y UPN también se negaron a tramitar la norma como proyecto de ley, lo que habría permitido a los grupos introducir enmiendas al articulado.