No podía ser de otra manera. Reforma laboral y más reforma laboral. El menú indispensable y previsible para hoy a menos de 24 horas de la primera huelga general de Mariano Rajoy –la octava de la democracia–, y a los cien días de su llegada al poder. Toda la sesión de control al Gobierno en el Congreso rezumó huelga por los cuatro costados, de principio a fin. El testigo, de una forma u otra, fue pasando de ministro a ministro y no por el escaño del presidente, vacío porque no ha regresado aún de su viaje a Seúl. 

Pero el plato fuerte lo tenía la titular de Empleo. Encadenó cuatro preguntas seguidas, la primera de Cayo Lara. El coordinador federal de IU le inquirió cuántos empleos destruirá el cambio del mercado de trabajo ordenado por el Ejecutivo. Fátima Báñez tiró de argumentario: que la suya, la del Gobierno, es una reforma 'para dar respuesta a los cinco millones de parados', para apoyar a las pymes y para que se vuelva a crear empleo 'estable y de calidad' para cuando la economía crezca otra vez. Turno del diputado: 'Discrepamos, y alguna culpa tiene Andalucía, donde se ha puesto el cartel de No se fía'. De inmediato Lara blandió un enorme cartel para lanzarle a la ministra las declaraciones de miembros de su partido a la cara. 'Yo no creo que haya que abaratar el despido', decía Rajoy en el pasado. 'El problema económico de España no se soluciona con el abaratamiento del despido', afirmaba Cristóbal Montoro. 'En un año se pueden crear algo más de 300.000 empleos', llegó a asegurar María Dolores de Cospedal.

El grupo Izquierda Plural exhibe pancartas a favor del 29-M y Villalobos pide retirarlas

'¿No es esto mentir a la sociedad?', espetó el líder de IU a Báñez. Porque aquellas promesas, le reprochó, se han reducido a humo: hoy se 'aceleran despidos', se reducen salarios de los trabajadores, se echa a la calle con indemnizaciones mucho menores, se castiga la antigüedad, se hacen contratos basura, y mientras 'se regalan millones a la CEOE'. 'No tienen derecho a crear tanto sufrimiento', remató, para hilvanar con la llamada a una huelga 'justa, en legítima defensa'. Lara citó entonces a Pablo Iglesias, para tirar de las orejas al PSOE, por apoyar la huelga y no dar plante al Parlamento: 'A veces las huelgas hay que hacerlas por dignidad'. En el último coletazo de su intervención se dirigió a la ministra, casi provocándola: 'Le invito a la huelga para que les mire a los ojos a los trabajadores y le cuenten su verdad, la verdad del sufrimiento'.

Cuando acabó la liturgia de la pregunta, Lara y el resto de diputados de su grupo, Izquierda Plural, enseñaron la pancarta de llamamiento al paro general, puestos en pie. Carne de fotógrafos. La vicepresidenta primera del Congreso, Celia Villalobos, que en ese momento dirigía la sesión, pidió que retiraran sus carteles, porque no se podían 'exhibir' en el pleno. Avisó una... Y dos veces... Y cuando estaba a punto de amenazarles con sacarles del salón de sesiones, los miembros de Izquierda Plural se sentaron, sonrientes. Habían ganado. Otro gesto había ya concitado la atención de las cámaras: Gaspar Llamazares entregó durante la sesión folletos de CCOO sobre el paro general al titular de Economía, Luis de Guindos. 

Báñez acusó primero el golpe de la referencia al 25-M –'El PP ha sido el partido que ha ganado las elecciones en Andalucía, esa es la realidad'– y enseguida volvió al carril esperado: la denuncia de que el país se hallaba en 'emergencia económica y social' cuando Rajoy llegó a la Moncloa, y que la solución no podía ser 'no hacer nada y frustrar la esperanza' de los ciudadanos. De modo que su reforma busca 'flexibilidad frente despido'. 'Está en su derecho de hacer lo fácil, esconderse tras una pancarta. Pero de usted espero lo difícil, propuestas y dar soluciones a los ciudadanos', zanjó. 

La refriega se repitió tres veces más, en este caso con tres diputados socialistas. Concha Gutiérrez del Castillo reprochó a Báñez que con su reforma laboral hubiese dado vida a una 'máquina de destrucción masiva de empleos'. Isabel López i Chamosa condenó la carta blanca que el Ejecutivo había concedido a los empresarios para que compitan 'a base de salarios bajos y malas condiciones laborales', convirtiendo a los trabajadores en 'esclavos del siglo XXI'. Y Magdalena Valerio atacó un flanco ya débil del Gobierno, el vídeo 'idílico y engañoso' de promoción la reforma que fue prohibido por la Junta Electoral Central por coincidir con la campaña de las elecciones autonómicas andaluzas y asturianas, pero que el Ministerio de Empleo reflotó en su web en cuanto se cerraron las mesas electorales. 

Báñez culpa al Gobierno de Zapatero del 'despido masivo'

La ministra se obstinó en devolver la pelota al tejado de los socialistas, en responsabilizarles del 'despido masivo' de la anterior legislatura y 'casi libre'. El actual Ejecutivo, defendió, ha incentivado la flexibilidad del mercado de trabajo, 'modernizando' la negociación colectiva y dando 'libertad' para negociar los convenios a los trabajadores y empresarios de una compañía, desahuciando 'el inmovilismo y la rigidez' de la anterior legislación. Respecto al spot, Báñez reivindicó el 'derecho a informar' de las 'bondades' de la reforma laboral que asiste al Ejecutivo. Presumió de lo barata de la factura: 4.200 euros más IVA y sin contratar a terceros, frente al dispendio en publicidad institucional (820 millones de euros) y en venta del plan E (40 millones) que endosó al anterior Gobierno. 

Pero más allá de las palabras, la titular de Empleo sólo pudo ofrecer datos de una consecuencia positiva del real decreto ley desde que este entró en vigor el 13 de febrero: que se han formalizado '10.000 nuevos contratos' fijos en las pymes con menos de 50 trabajadores, el 54% de ellos para jóvenes. 

La mañana en el Congreso la había abierto la vicepresidenta. La portavoz parlamentaria socialista, Soraya Rodríguez, le preguntó si el Ejecutivo iba a sacar adelante su reforma sin acuerdo social. Soraya Sáenz de Santamaría no adelantó si la norma sufriría más o menos cambios. Se limitó a tirar de hemeroteca. Recurrió a qué dijeron José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba cuando se convocó la huelga general de 2010. Ambos, presidente y ministro del Interior en aquel entonces, aseguraron que la reforma laboral no se iba a tocar pese a la contestación en la calle. 'Para ustedes el diálogo social es una excusa para no dialogar cuando están en el Gobierno y un eslogan para hacer oposición', respondió la vicepresidenta.