El Ayuntamiento de Madrid presentó este martes un plan de ajuste con el que la alcaldesa Ana Botella pretende ahorrar 160 millones de euros este año y 394 en 2013. De esta forma el consistorio quiere cumplir plan de viabilidad 2012-2020 que exige el Ministerio de Hacienda a los municipios para acogerse al crédito de 35.000 millones de euros para el pago a proveedores.

El plan de Botella propone una gran reducción de gastos y también un aumento de impuestos. A partir de 2013 Madrid subirá un 2% algunos impuestos y tasas y encarecerá notablemente el precio de algunos servicios públicos. Además, prevé una reducción en gastos de personal, aunque la alcaldesa insistió en que no se tocarán los salarios ni el empleo de los funcionarios.

En el apartado de gastos de personal, los recortes son importantes: entre otras medidas, se reduce un 50% el número de liberados sindicales, se suprimen para los funcionarios las horas extras y las gratificaciones (salvo en los casos de servicios de urgencia), así como las ayudas por la compra de gafas o prótesis dentales, entre otras, a excepción de las que perciben las personas con discapacidad empleadas municipales.

Tampoco se cubrirán las vacantes de plazas públicas, salvo de los servicios de urgencias, y se restringe al máximo la contratación de interinos.

'Somos conscientes de que no son medidas populares ni cómodas, pero permitirán continuar prestando los servicios esenciales con los mismos niveles de calidad, seguir ayudando a los más necesitados y seguir apoyando aquellas medidas que contribuyen al objetivo prioritario de la creación de empleo', enfatizó Botella.

Aseguró que el plan logrará 'sanear a medio plazo' la situación financiera del Ayuntamiento y reducir la deuda comercial, todo ello 'de forma coordinada con el Gobierno de la Nación'. 

Las tasas y precios públicos subirán también un 2% anual, excepto las de basuras, mantenimiento del servicios de bomberos y vados.

De hecho, la previsión es que en 2012 el Ayuntamiento de Madrid se ponga al día en el pago a proveedores —el pasado día 15 envió al Ministerio de Hacienda un listado de 16.712 facturas de 2011 sin pagar por 1.017,5 millones de euros-— y que en 2014 se alcance un retraso medio de solo 30 días.

El plana de ajuste no prevé nuevas inversiones hasta 2015. Entonces el Ayuntamiento espera que empiece a haber un superávit que permitirá retomar las inversiones: 204 millones en 2016 y 400 millones a partir de 2017.

Para conseguirlo, no se subirá el IBI más allá del incremento transitorio del 3% aprobado por el Gobierno para todos los ayuntamientos, pero sí se 'actualizarán' las tarifas del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y los coeficientes de situación del Impuesto sobre Actividades Económicas en un 2% anual, de acuerdo con el IPC a partir de 2013.

Las tasas y precios públicos subirán también un 2% anual, excepto las de basuras, mantenimiento del servicios de bomberos y vados.

Desde el próximo mes de julio se aplicarán las medidas incluidas en el Plan de Calidad del Aire consistentes en el incremento medio del 10% en los parquímetros de la Zona de Bajas Emisiones, que significará un alza del 6%  para el conjunto de la ciudad, del 8,2% en las plazas azules y del 2,4% en las verdes.

Por el contrario, las tarjetas de residentes bajarán a la mitad.

También subirán los precios públicos de los talleres culturales, en un 47% hasta cubrir el 100% de su coste real, y de las piscinas en un 25%, para pasar a cubrir el 40% de su coste para el Ayuntamiento.

En materia de ingresos se prevén otras medidas complementarias como intensificar la lucha contra el fraude, facilitar el pago de tributos mediante domiciliación e ingresos a cuenta y mejorar los procesos de cobro.

Asimismo, se ha solicitado una reducción general de los alquileres actuales y está en estudio la venta de inmuebles municipales innecesarios para la prestación de servicios.

Respecto a los gastos, los de personal se recortarán reduciendo en un 20% los créditos para horas extraordinarias y gratificaciones -excepto los servicios operativos especiales de seguridad- y suspendiendo desde el próximo 1 de abril los premios especiales y las prestaciones derivadas de la acción social —ayudas para gafas, tratamientos dentales...— excepto la ayuda por discapacidad y la del transporte.

Sólo esto último supondrá un ahorro de 11 millones de euros en 2012 y 13 en 2013.

Otra medida es reducir el número de representantes sindicales para acomodarlo al legalmente establecido, según la delegada, y bajar a la mitad el número de liberados 'institucionales'.

El capítulo que más bajará, en 115,6 millones de euros este año, será el de gastos en bienes corrientes y servicios, en parte bajando en un 20% de todas las subvenciones nominativas y un 30% el resto de subvenciones o transferencias.

En el capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios se reducirá aún más el número de vehículos municipales y se limitará el consumo de combustible, lo que significarán otros 50.000 euros al año.

Se ahorrará también en agua y energía —1,5 millones en 2012 y 2 en 2013—, en telefonía —300.000 euros en 2012 y casi 600.000 a partir de 2013— e incluso en material informático.

Un 20% caerá también la asignación a los vocales vecinos para ahorrar 800.000 euros.

El Gobierno de Ana Botella está analizando el sector público municipal y cuando conozca las conclusiones de ese análisis adoptará algunas decisiones más.