Como diría la prensa conservadora si no se tratara de quien se trata, el suegro de Javier Arenas cobró 120.000 euros del dinero de los parados andaluces. El auto dictado el pasado 14 de marzo por la jueza Mercedes Alaya incluye dos facturas de casi 120.000 euros cobradas por el bufete de Manuel Olivencia, suegro de Javier Arenas, como parte de las 'cantidades de dinero que de manera presuntamente ilícita han salido del erario público' por orden del ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, en prisión desde la semana pasada.

Cuando, en abril de 2011, aparecieron las primeras noticias de esos cobros, Luis Olivencia, cuñado de Arenas y director actual del bufete, declaró: 'Se nos llamó para prestar un servicio y no nos preocupamos de la situación interna de Empleo, solo de que nos vuelvan a contratar'. Sin embargo, el entonces vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, había declarado imprudentemente sólo unas semanas antes: 'El dinero se destinó a pagar jubilaciones millonarias a los amiguetes del PSOE andaluz (...) Sabemos que todas las personas beneficiadas son cercanas al PSOE'.

La consejera de Presidencia de la Junta, Mar Moreno, defendió entonces la legalidad de ese pago de 120.000 euros, aunque consideró 'lamentable' que el PP se dedicara a descalificar el conjunto de los 647 millones destinados a ayudas sociolaborales, perjudicando así la honorabilidad de cientos de empresas, instituciones y personas, con acusaciones 'falsas e irresponsables'.

En este auto judicial -de diligencias previas para determinar las responsabilidades pecuniarias de Guerrero por su irregular gestión de los fondos públicos- la jueza que investiga los ERE fraudulentos alude textualmente a 'facturas de asesoramiento a empresas (sin que conste causa legal para legal para ello)', que se corresponden con doce pagos realizados por Guerrero en 2002. De esa docena de pagos, dos fueron girados al Bufete Olivencia Ballester y los diez restantes a Estudio Jurídico Villasís, si bien la mayoría de fondos desembolsados fue, con mucha diferencia, para el Bufete Olivencia-Ballester, con casi 120.000 euros sobre un total de unos 160.000 pagados.

El detalle de los pagos está incluido en un desplegable incorporado a las diligencias judiciales. El despacho de Olivencia asesoró en 2001 a Santana Motor, empresa participada al 100% por la Junta, para externalizar componentes de su cadena de automoción. La factura fue exactamente de 119.828 euros, que la Consejería de Empleo abonó con dinero del mismo fondo con el que subvencionó los ERE fraudulentos.

En ese auto la jueza impuso una fianza civil de 686 millones de euros a Guerrero para hacer frente al 'ingente despilfarro' de dinero público presuntamente cometido. Alaya impuso esta medida en concepto de responsabilidad civil y no para eludir la prisión.