La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga el caso de los ERE de la Junta de Andalucía, ha imputado once delitos de siete tipologías distintas a Juan Francisco Trujillo, exchófer del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, según han informado abogados presentes en la declaración.
En el marco del escándalo que destapó desvíos masivos de fondos públicos andaluces, Alaya le imputa dos delitos continuados de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y malversación, así como tres delitos de falsedad en documento oficial, otros tres de obtención indebida de subvenciones, y un último de falsedad en documento mercantil.
En su declaración, Trujillo ha asegurado que Guerrero 'presumía del poder que tenía' para conceder ayudas y 'quedaba en los bares de copas para despachar' los asuntos con personas que, 'pasados varios días, veía llegar al despacho'. 'Al mediodía se iba al restaurante; luego a un bar de copas, y allí despachaba los asuntos por la tarde', ha enumerado al ser instado a describir la jornada laboral de Guerrero, para quien la magistrada decretó prisión sin fianza el pasado día 10.
Además, ha destacado la 'amistad' de Guerrero con Juan Lanzas, exsindicalista de UGT mediador en varios de los ERE investigados. Según Trujillo, que ha afirmado que se les veía juntos muy frecuentemente, su exjefe 'se enfadaba a veces porque le paralizaban los pagos'.
El imputado ha relatado que él mismo 'se daba cuenta de que las ayudas eran concedidas a personas cercanas a Guerrero o al PSOE' y, respecto a las ayudas que recibió para varias de sus empresas, ha dicho que fue el propio exdirector general de Trabajo y Seguridad Social quien se las ofreció en un bar de copas.
Sobre la compra de coca con el fondo de los ERE, Trujillo ha asegurado que tanto él como su jefe consumían cocaína 'a cualquier hora' y llegaron a invertir 25.000 euros mensuales. Según su declaración, el exchófer se dedicaba a hacer compras para Guerrero con el dinero de las ayudas que la Junta daba a sus empresas. Un piano, dos relojes, dos mil euros en ropa y mil euros en teléfonos móviles son algunos de los gastos alegados por el imputado, que igualmente dice haber entregado entre 60.000 y 90.000 euros en metálico al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta.
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