Un informe pericial aportado por la Junta de Andalucía al juzgado acredita, según ha sabido Público de fuentes oficiales, 'la manipulación de la grabación' que hoy publican varios periódicos de derechas según la cual la presidenta de la empresa pública andaluza Invercaria, Laura Gómiz Nogales, 'reconoció en una reunión interna las numerosas irregularidades en la gestión de esta empresa pública y el reparto discrecional de ayudas, y confesó que las más altas autoridades de la Junta estaban al tanto de las mismas'. Es el entrecomillado que puede leerse hoy en el diario ABC.

En la versión de El Mundo 'la presidenta de Invercaria ordena a su director de Promoción la elaboración de informes ficticios, reconoce el reparto 'muy alegre' de 200 millones de euros con trato de favor a empresas y que este sistema es el mismo que otros miembros de la Junta de Andalucía seguían para otorgar los ERE fraudulentos.

El presidente de Invercaria, Francisco Álvaro, ha rechazado hoy el contenido de la grabación con la que se acusa de irregularidades a su antecesora en el cargo, Laura Gómiz, y ha señalado que está manipulada y tiene trece cortes.

Entre las pruebas aportadas por Cantos para defender la improcedencia de su despido está la grabación ahora difundida por los periódicos. Entre las pruebas que, por su parte, ha presentado Invercaria al juzgado de lo Social, que esta semana tenía previsto celebrar el juicio, figura un informe pericial según el cual la grabación estaría burdamente manipulada, mediante el sistema de cortar y pegar fragmentos de conversaciones distintas con el fin de construir el relato.

Según la información publicada por El Mundo, 'la orden de Gómiz a su director de Promoción, Cristóbal Cantos, de que elaborara informes que justificaran la entrega de ayudas ya dadas la motivó la decisión de la Cámara de Cuentas de auditar esta sociedad. La responsable de Invercaria comenzó, pues, a poner al día los expedientes de las ayudas concedidas con fondos públicos sin control ni procedimiento alguno. Gómiz no sabía que la conservación se estaba grabando y que más tarde Cristóbal Cantos lo denunciaría en el juzgado. Casualmente, el de Instrucción 6, el mismo que instruye la trama de prejubilaciones ilegales con ERE fraudulentos y del que es titular Mercedes Alaya'.

Aunque es cierto que el caso ya ha llegado a la mesa de la jueza Mercedes Alaya, su origen no es el que dan a entender las informaciones, sino que se trata de un caso de despido cuyas razones estarían presuntamente vinculadas con un comportamiento desleal por parte de Cantos. En todo caso, el juzgado de lo Social decidirá al respecto.

El origen del caso está en el despido el año pasado del director de Promoción de Invercaria, Cristóbal Cantos, hijo a su vez de un destacado dirigente de la organización agraria conservadora Asaja, cercana a las posiciones del PP.