Al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el caso Garzón parece cogerle siempre con el pie cambiado. Su Comisión Permanente sereunió ayer por sorpresa para proceder a separar de la carrera judicial a Baltasar Garzón en ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que el pasado día 9 le condenó a 11 años de inhabilitación por prevaricación, por haber ordenado las escuchas de la Gürtel.

Estaba previsto que, a diferencia de la urgencia con la que se actuó para suspenderle cautelarmente de funciones, en esta ocasión el órgano de gobierno de los jueces esperara a su próximo pleno, previsto para el día 23. Es lo que se hizo con el anterior caso sonado de un juez expulsado de la carrera judicial por prevaricación: Javier Gómez de Liaño, que ahora ejerce como abogado.

Sin embargo, la coincidencia de que el Consejo ejecutara la sentencia de Garzón el 23-F, aniversario del golpe de Estado del teniente coronel Tejero, fue determinante para que finalmente se optara por que fuera su Comisión Permanente la encargada de expulsar a Garzón de la carrera judicial.

El acuerdo, que pudo haberse adoptado en la reunión de la Permanente de la semana pasada, puesto que ya tenía en su poder la sentencia, se mantuvo ayer en secreto hasta que fue oficializado a través de una nota de prensa. La semana anterior, la Permanente se limitó a 'tomar conocimiento' de la condena y a encargar al secretario general de la institución 'la elaboración de la oportuna propuesta de ejecución'.

Según fuentes del Consejo, la Permanente se adelantó a ayer, aunque suele celebrarse el martes, porque muchos vocales tienen previsto desplazarse a Barcelona para asistir mañana a la entrega de destino de los nuevos jueces. En su acuerdo, la Comisión destaca que, 'en funciones de pleno' que, en cualquier caso, deberá ratificarlo el jueves, procede 'al cumplimiento de la sentencia' dictada 'contra el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón Real'.

La suspensión había sido anunciada para el pleno del CGPJ del jueves

Esa plaza saldrá a concurso en abril o mayo y se adjudicará por antigüedad, lo que limita las posibilidades de Pablo Ruz para obtenerla en titularidad, pese a que ahora es él quien se encarga de ese juzgado. El que sí podría solicitarla sería Eloy Velasco, al frente actualmente del Juzgado Central número 6.

La sentencia impone a Garzón 11 años de inhabilitación especial 'para el cargo de juez o magistrado, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, así como con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo'.

Dívar sostiene que el TS es 'supremo en jurisdicción y honestidad'

La separación de la carrera, que fue comunicada ayer al propio Garzón y a la Audiencia Nacional, obliga a 'dejar sin efecto las suspensiones provisionales acordadas por el pleno y por la Comisión Permanente en sus acuerdos de 14 de mayo de 2010 y 19 de abril de 2011', cuando se abrió juicio oral en la causa de los crímenes del franquismo y en la de las escuchas de la Gürtel, respectivamente.

En la tercera causa abierta contra el hasta ayer magistrado, en la que se investigaban las retribuciones que recibió durante su estancia en Nueva York, no se ha llegado a abrir juicio oral, al haber sido archivada por prescripción por el magistrado Manuel Marchena, sólo 18 días después de que él mismo diera por concluida la instrucción y limitara la imputación contra Garzón a cohecho impropio.

La defensa de Garzón, que en el caso de las escuchas ejerce Francisco Baena Bocanegra, prepara ahora un incidente de nulidad de actuaciones, paso imprescindible para acudir en amparo, con posibilidades de éxito, al Tribunal Constitucional. La Fiscalía del Alto Tribunal todavía estudia si presenta o no su correspondiente incidente de nulidad.

Salvo que alguna de estas impugnaciones sea estimada, Garzón no podrá solicitar su reingreso en la carrera judicial hasta que cumpla 67 años. Y eso si no es también condenado en la sentencia que aún le queda pendiente, la correspondiente a haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo. Fuentes jurídicas señalaron que no se conocerá, como pronto, hasta finales de esta semana.

De todas formas, la inhabilitación no le impide seguir desarrollando las labores de asesoramiento que realiza en el proceso de paz que la OEA desarrolla en Colombia o en Ecuador para cambiar la estructura judicial del país.

La decisión de la Permanente se conoció en la toma de posesión de dos magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo. En la bienvenida que les dirigió, el presidente del Alto Tribunal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, quiso también dar respuesta a las críticas recibidas por el Alto Tribunal tras la condena a Garzón.

'Doscientos años nos contemplan, doscientos años contemplan nuestra competencia y sabiduría, aunque a veces haya algunas voces deslegitimadoras', dijo Dívar, para añadir: 'Nosotros preferimos quedarnos con la filosofía del poeta medieval que decía tú eres y vales por lo que diga la verdad'.

Esa verdad pasa, según Dívar, porque el tribunal que preside es 'supremo en su jurisdicción, en la calidad de sus resoluciones y en la categoría y honestidad' de sus miembros.