Mientras la crisis lleva al Gobierno a replantearse la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), las autonomías gastan cada año unos 25 millones de euros en tratamientos de rehabilitación de cuello, espalda y hombro cuya eficacia no está demostrada. El 60% de las terapias que se aplican en estos casos no tienen base científica, según un estudio de la Fundación Kovacs que se presentó ayer y se publicó en diciembre en la revista científica BMC Musculoskeletal Disorders.

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, que participó en la presentación del estudio, calificó de 'derroche' la situación. 'Imaginemos que tenemos una tubería rota de la que se fuga el 60% del agua. ¿La solución sería echar más agua? ¿O hacer pagar un euro más por usarla?', puso como ejemplo, en alusión al pago extra por cada receta que se emita que Catalunya va a poner en marcha. 'Lo primero es tapar los agujeros', insistió.

En España se malgastan unos 25 millones al año en terapias

Para los médicos, que han sacado el hacha de guerra contra los recortes en sanidad, el estudio evidencia que antes de plantear que el paciente repague por las prestaciones que recibe, las autonomías y el Estado se deben replantear si con los tratamientos que financian se obtienen los resultados esperados. 'El Sistema Nacional de Salud precisa revisar todo lo que hace de forma sistemática. Ahora, más que nunca, es una necesidad', reclamó Rodríguez Sendín.

La OMC acogió en su sede la presentación del estudio. 'Es una obligación ética denunciar las bolsas de ineficacia', insistió el máximo representante de los colegios médicos.

Los colegios médicos: 'Hay que denunciar la ineficacia'

La investigación se realizó entre 2004 y 2007 en Canarias, porque es la única autonomía que desglosa en datos el gasto en este tipo de tratamientos, justificó Francisco Kovacs, coautor del estudio y presidente de la Fundación Kovacs, destinada a la investigación de las dolencias de la espalda. Es la primera vez que se realiza un estudio de estas características en España.

Los autores de la investigación, cofinanciada por entidades sin ánimo de lucro, entre ellas el propio Gobierno de Canarias, reunieron toda la literatura científica existente sobre los tratamientos que la Consejería pagaba para las dolencias del cuello, la espalda y los hombros. Los resultados fueron sorprendentes.

La ciencia no ha demostrado que los masajes cumplan con su objetivo

Por ejemplo, las publicaciones científicas concluyen que la movilización manual de la espalda, consistente en realizar movimientos sin que el paciente haga fuerza, no sirve para mitigar el dolor del enfermo. Pese a todo, Canarias gastó 472.489 euros entre 2004 y 2007 en esta técnica. También se malgastaron 139.265 euros en aplicar estimulación eléctrica para aliviar las dolencias del cuello, cuando científicamente está demostrado que no sirve para nada.

En total, en esos tres años, el Gobierno canario gastó unos cinco millones de euros en tratamientos para las dolencias de cuello, espalda y hombros. De estos, unos tres millones se destinaron a la aplicación de técnicas que o bien se había demostrado científicamente que no servían para nada o bien no se habían obtenido resultados concluyentes sobre su eficacia. 'Con que una sola guía clínica dijera que el tratamiento era eficaz, ya se daba por hecho y se aplicaba', denunció Kovacs. 'Si hay que recortar, recortemos lo inútil', insistió.

En otros casos, ni siquiera se habían estudiado los efectos de los tratamientos. Un ejemplo de ello son los masajes. Según la literatura científica que recopilaron los autores del estudio, no hay conclusiones en firme que demuestren que los masajes contribuyen a mejorar las dolencias en el cuello. Y no se había realizado ninguna investigación sobre los efectos de esta terapia sobre la espalda y los hombros.

Así, cada año, el Gobierno canario malgasta alrededor de un millón de euros en tratamientos que no sirven o cuya eficacia no está demostrada. Si esta cifra se aplica al resto de autonomías, el SNS estaría malgastando 25 millones de euros al año, ya que la población española es aproximadamente 25 veces la canaria.

El estudio evidencia que el 28% del gasto superfluo (unos 330.000 euros anuales en Canarias, que se traducirían en más de ocho millones en España) se destinó a tratamientos que no sirven, según ha demostrado la literatura científica. Estos datos se pueden trasladar a nuestros días, ya que la sanidad pública sigue financiando las mismas terapias.

Aún así, Kovacs insiste en que el cálculo es 'muy conservador'. Las cifras que se han cotejado corresponden a los tratamientos que han sido pagados por la sanidad pública canaria pero que se han realizado mediante conciertos económicos en clínicas privadas. Hay que tener en cuenta que estas intervenciones representan el 70% del total de tratamientos en cuello, espalda y hombros que figuran en la cartera de servicios del SNS.

Además, la suma del coste de los tratamientos se ha realizado teniendo en cuenta la inversión directa en equipamiento y en personal. A ello aún habría que sumar los costes de las instalaciones o parte de los desplazamientos de los pacientes hasta las clínicas, por ejemplo.

Más allá del gasto inútil que suponen estos tratamientos, Kovacs y Rodríguez Sendín coincidieron en reivindicar mayores filtros, como se hace con los medicamentos, a la hora de decidir qué técnicas se aplican ya no sólo en las dolencias de la espalda, sino en todos los campos.

La ley obliga a que los fármacos se sometan a ensayos clínicos antes de aprobarse. Aún así, 'el 50% de los efectos secundarios de los fármacos se detectan en la práctica', destacó Kovacs. 'En cambio, estas técnicas se aplican tal cual', denunció. No existen por tanto protocolos de uso ni se siguen los resultados.

Un ejemplo más de la ligereza con que se aplican y financian estos tratamientos es, denunció Kovacs, la falta de seriedad en la toma de decisiones. Las técnicas a aplicar se deciden en el Consejo Interterritorial, pero de facto son las comisiones técnicas de este órgano quienes escogen. 'Los técnicos son políticos, que ven el orden del día y reciben los documentos a debatir 48 horas antes de la reunión', denunció.