Fue amarilla, y no verde, la marea que ha inundado hoy el centro de Barcelona en contra de los recortes en la escuela pública. A diferencia de Madrid, en Catalunya el color de la educación es amarillo y este sábado por la tarde tiñó la plaza Sant Jaume de la capital catalana en una protesta que coincidió con las fiestas de invierno de Santa Eulalia, lo que dio lugar a una reivindicación festiva donde se fundieron pancartas y proclamas con tambores, gigantes y pasacalles.

En total, fueron cerca de un millar de personas las que desafiaron el intenso frío para mostrar su rechazo al tijeretazo aplicado por el Govern de Artur Mas a la enseñanza pública. Unos ajustes que, según la comunidad educativa, perjudican seriamente la calidad de la formación en escuelas e institutos, pese a que la Generalitat lo niegue reiteradamente y se escude en la herencia recibida de la izquierda.

La reducción de recursos suma ya el 12% desde la llegada de CiU

La concentración respondió a una convocatoria de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Catalunya (FAPAC), que consiguió congregar a todos los integrantes de la comunidad educativa. Profesores, estudiantes y familias pidieron al Govern que recapacite en su recorte a los presupuestos destinados a educación, que este año se rebajaran en un 5% y que, en suma, se habrán reducido un 12% desde la llegada de CiU a la Generalitat.

La escuela pública catalana, según sus actores, empieza a padecer las consecuencias de los ajustes: aulas cada vez más llenas, profesores trabajando más horas y cobrando menos, barracones sin reemplazar, ayudas al transporte escolar y a los comedores reducidas y guarderías prácticamente al borde del colapso.

La partida destinada a educación en Catalunya ha retrocedido hasta los niveles del año 2007, mientras que, desde entonces, las aulas catalanas han tenido que absorber cerca de 150.000 alumnos más. Asimismo, la plantilla de profesores permanece congelada desde el año 2010, y las jubilaciones y las bajas solo se cubren parcialmente.

La partida retrocede a niveles de 2007, pese a crecer en casi 150.000 escolares

'Los docentes tenemos que cargar con todo', se quejaba Anna González, profesora de un instituto de la periferia de Barcelona. Para hacer frente a la masificación en las aulas, los profesores se han visto obligados a trabajar una hora lectiva más a la semana, y temen que el próximo curso se les añada otra. Todo esto con los sueldos recortados entre un 5 y un 10%. 'Existe una sobrecarga en las clases que reduce las posibilidades de atender a los alumnos con más dificultades', exponía, tras una pancarta, Rosa Cañadell, portavoz de USTEC-STEs, el sindicato mayoritario de profesores en Catalunya.

Sin embargo, la consellera de Educación, Irene Rigau, ya adelantó en una comparecencia hace dos semanas en el Parlament que no todo serán malas noticias, y que parte del dinero que se ahorre con la reducción de sueldos de los docentes se empleará en políticas educativas para combatir el fracaso escolar, que en Catalunya ronda el 30%. Este teórico trasvase, que asciende a 197 millones, servirá para 'optimizar recursos' -una expresión a menudo empleada por la ejecutiva de Artur Mas cuando se habla de recortes- y para reforzar medidas pedagógicas como el apoyo educativo personalizado.

Los sueldos de los profesores han sido rebajados entre un 5% y un 10%

Una de las medidas más discutidas que adoptó la consellera Rigau para combatir la masificación en las aulas fue suprimir la conocida como sexta hora', una hora lectiva de más que se instauró cuando gobernaba el tripartito para equilibrar el horario de la escuela pública con el de la concertada. Más de 3.000 profesores se incorporaron al sistema público el curso 2006-2007 para hacer frente al incremento de clases que suponía la sexta hora. Ahora, con su supresión, todos estos docentes se están empleando para afrontar el crecimiento del alumnado.

Sin embargo, algunos sectores, con el apoyo principal de la FAPAC, consideran esta hora como un elemento clave para favorecer la cohesión social y mantener la equidad entre la escuela pública y la concertada. Por eso, desde la federación han impulsado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que ahora se encuentra en el proceso de recogida de firmas, para recuperarla.

Si la protesta la convocaron los padres y madres de los alumnos, y no los profesores, es porque también las familias consideran que los recortes les perjudican, y no solo en relación a la calidad de la educación que reciben sus hijos. También afectan a sus bolsillos. Es el caso de las guarderías públicas, cuyo modelo de financiación se está replanteando el departamento de Educación porque lo considera insostenible.

Actualmente, las guarderías se financian a partes iguales entre la Generalitat, los ayuntamientos y las familias, pero el Govern tiene previsto reducir notablemente su aportación. De hecho, este curso ya ha pasado de contribuir con 1.800 euros al año por plaza a solo 1.600. La idea de la consellera es que las familias cubran este déficit aumentándoles las tarifas, aunque anunció que compensarían el encarecimiento con la ampliación de las becas para los que no puedan hacer a las nuevas cuotas.

Más de 20.000 alumnos catalanes reciben actualmente sus clases en aulas prefabricadas. En total, son 1.057 barracones los que persisten en el conjunto del territorio de Catalunya, algunos manifiestamente mejorables. Y lo peor es que su sustitución va para largo. Las construcciones de nuevos colegios están paralizadas y Rigau ya adelantó en diciembre que tardaran ocho años en sustituir todos los barracones. La consellera culpó de ello al Tripartito, ya que algunos de estos módulos funcionan desde hace una década.