La decisión del ministro José Ignacio Wert de sustituir la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC), que ya levantó polémica en el momento de su implantación en 2006, por Educación Cívica y Constitucional volvió a abrir ayer la caja de Pandora.

Para los fieles defensores del temario existente, basado en la defensa de los Derechos Humanos y el respeto a la diversidad, la noticia se debe a la intención del Gobierno de 'contentar a sectores fundamentalistas religiosos'. Así lo expresó ayer, en un comunicado, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa). 'La polémica se gestó en ámbitos políticos y eclesiásticos', denunciaron.

UGT: 'El cambio traerá crispación sobre un asunto que ya estaba resuelto'

José Campos, secretario general de Educación de CCOO, también cree que el cambio obedece a 'exigencias del PP y de determinados sectores educativos'. Su homólogo en UGT, Carlos López aventuró que la decisión 'traerá crispación sobre un asunto que ya estaba resuelto'. 'La asignatura se está impartiendo con normalidad', confirmaron también desde Ceapa.

Su homóloga en las escuelas religiosas, en cambio, aplaudió (aunque sólo en parte) el anuncio de Wert. 'El ministro debería haber erradicado EpC y haber incluido los contenidos de la nueva propuesta de forma transversal, máxime cuando reconoce que los europeos tienen más horas de Matemáticas y Lengua que los españoles', sentenciaron desde la Confederación Católica de Padres y Madres de Alumnos (Concapa).

Conciencia moral

Ceapa: 'El Gobierno quiere contentar a sectores fundamentalistas'

Como era de esperar, para los obispos también fue 'una buena noticia', según confirmó a Ep la Conferencia Episcopal Española. Ellos ya criticaron en 2007 el 'objetivo' de la materia: 'la formación de la conciencia moral de los alumnos'. Algo que suponía 'una lesión grave del derecho de los padres a elegir la formación moral que deseen para sus hijos'.

'El Tribunal Supremo ya sentenció que esta asignatura no vulnera el derecho de los padres a que sus hijos reciban la educación moral que ellos deseen', respondió el secretario de STES, Augusto Serrano.

Pero no todos los tribunales respondieron en la misma línea del Supremo. Ante la demanda de algunas familias de poder acogerse a la 'objeción de conciencia' para que sus hijos no cursasen EpC, algunos tribunales superiores de Justicia autonómicos les dieron la razón. Otras organizaciones como Foro de la Familia y la propia Concapa se unieron al baile judicial. Y, aunque el Alto Tribunal sentenció en contra de sus peticiones, 400 familias todavía esperan que se pronuncie sobre el tema el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La decisión de la Generalitat Valenciana de impartir EpC en inglés y las acusaciones de los medios conservadores sobre un libro didáctico de la editorial Akal que, según su opinión, atacaba a la Iglesia y a ellos mismos, (y que nunca sirvió para impartir la asignatura) fueron otras de las polémicas suscitadas tras la implantación de la asignatura que ahora desaparecerá.