Un ambiente de pesimismo ha caracterizado el inicio de la segunda jornada del juicio a Baltasar Garzón en el Tribunal Supremo por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo. 

El magistrado de la Audiencia Nacional, suspendido temporalmente en funciones desde mayo de 2010, llegaba al Supremo cerca de las 10 de la mañana entre los aplausos del público asistente a la vista, informa Patricia Campelo. 

Al comienzo de la vista, la sala que juzga a Garzón rechazó las cuestiones previas planteadas por su defensa y por la Fiscalía, que habían solicitado la nulidad de la causa por entender que el instructor de la misma, Luciano Varela, 'orientó' al sindicato ultraderechista Manos Limpias a la hora de hacer su escrito de acusación.

La Sala opta por aplicar la 'doctrina Atutxa' frente a la 'doctrina Botín'

Los magistrados de la Sala de lo Penal decidieron rechazar todas estas cuestiones previas. 'Sin perjuicio de los excesos que han sido denunciados, los actos que se han producido no tienen entidad material suficiente para la nulidad', señala la resolución sobre la instrucción de Varela.

Los magistrados establecieron, además, que los 'escritos de acusacion son suficientes para entender formulada una imputacion'. Además, rechazaron aplicar a Garzón la doctrina Botín y optaron por aplicar al juez la doctrina Atutxa.

El abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, y el fiscal Luis Navajas, también defendieron la aplicación al caso de la llamada doctrina Botín, que hubiera dado como resultado la anulación de la vista al establecer que no se puede abrir juicio oral cuando la única que lo solicita es la acusación popular.

Tras escuchar las deliberaciones de la Sala, el juez de la Audiencia Nacional se negó a contestar las preguntas de la acusación popular 'por no estar legitimada' para realizar estas acusaciones. El abogado de la acusación preguntó sobre la querella archivada contra Santiago Carrillo por los fusilamientos de Paracuellos del Jarama apelando a la Ley de Amnistía, el traslado de las denuncias sobre los fusilamientos a la Fiscalía, el fallecimiento de los posibles responsables o el número de desaparecidos.

Tras escuchar en silencio las preguntas de la acusación, Garzón explicó, en respuesta a las preguntas de su abogado, Gonzalo Martínez Fresneda, que se hizo eco 'de todas y cada una' de las denuncias que le presentaron las víctimas y que de 'acuerdo con la apariencia delictiva' de los delitos denunciados 'y conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se imponía la admisión a trámite de esas denuncias'. 'En todas las denuncias había un componente humano muy importante', afirmó el juez.

El magistrado explicó cómo recibió las primeras denuncias por los crímenes del franquismo en 2006 y en 2008, con el primer caso de desaparición de niños, y ratificó su idea de que existió un plan sistemático de eliminación de personas durante la dictadura de Francisco Franco. 'Mantenía y mantengo que... dentro de la desaparición forzada de las personas en un contexto de crímenes contra la humanidad es un delito permanente', dijo el acusado en la sala.

Adujo que como juez tenía 'la obligación' de investigar las denuncias sobre los crímenes del franquismo que recibió en su juzgado.  Comparó esta causa con la instrucción tramitada por el magistrado Ismael Moreno sobre 'criminales de guerra nazis', en la cual la Fiscalía no se ha opuesto a abrir una investigación.

Garzón ratificó que en los escritos de las víctimas y colectivos de memoria se denunciaban 'desapariciones forzadas de personas y enterramientos ilegales'.

Según dijo Garzón, el delito de desaparición forzada en el contexto de crímenes contra la humanidad estaba recogido en leyes anteriores, en jurisprudencia internacional e incluso en la doctrina del propio Tribunal Supremo. 'Entendí, interpreté, que era admisible la conceptuación como típicos delitos contra la humanidad y dentro de la obligación de todo juez de investigar estos hechos'.

Garzón aludió a la ley de amnistía de 1977 señalando que esta norma se refería a 'delitos de intencionalidad política y que en ningún caso los crímenes contra la humanidad tienen este carácter político'. 'Es un delito permanente, sus efectos permanecen en el tiempo y se siguen produciendo hasta que esos efectos cesan, por lo que no era necesario ni referirse a la ley de amnistía', argumentó Garzón.

'La investigación de esos crímenes contra la humanidad está justificada. El propio Estatuto de Nuremberg despliega sus efectos más allá de los años 30 y justifica esa investigación', explica sobre el derecho internacional que incluye en su auto de 16 de octubre de 2008.

Garzón  insistió en el criterio de instituciones judiciales internacionales, como la Corte Interamericana de derechos humanos, que establece la prescriptiblidad de estos delitos 'a partir del inicio de su investigación'. 'El juez tiene la obligación de investigar los delitos; no es una cuestión de ideología; me correspondió el caso por reparto y a partir de ahí hice lo que tenía que hacer', dijo Garzón, que además aseguró no haber actuado de modo diferente a como lo hizo en el caso Pinochet y en Argentina. 

Sobre el secuestro de menores, recordó que fue en septiembre de 2008 cuando se menciona el primer caso y, a la pregunta de Fresneda de si existía en España un censo de desapariciones forzadas, Garzón ha esgrimido que tan sólo en el País Vasco, Andalucía y Catalunya se habían elaborado mapas de fosas.

Asimismo, añadió que no logró colaboración de ninguna administración para confeccionar los listados de víctimas con la excepción del ayuntamiento de Madrid. En lo referido a la cuestión de si ostentaba la competencia para investigar tales delitos, afirmó: 'Desde diciembre de 2006 hasta octubre de 2008 no autoricé ni una sola exhumación solicitada. Expresamente se dijo que no se hicieran hasta que no quedara delimitada la competencia'.

Manos Limpias pide 20 años de inhabilitación para Garzón por haberse declarado competente en investigar los crímenes del fraquismo.

Ante la sede del Supremo se volvieron a concentrar un centenar de personas para mostrar su apoyo al juez, al que recibieron con gritos de '¡Justicia, justicia!' o 'Garzón amigo, el pueblo está contigo'.

Un centenar de personas han vuelto a concentrarse a las puertas del Supremo

Ante la puerta principal se reunieron representantes de las Asociaciones de Memoria Histórica, que portaban banderas republicanas, fotografías en blanco y negro de fusilados y pancartas en las que podían leerse los lemas 'Contra la impunidad. Solidaridad con las víctimas del franquismo', 'No a políticos y jueces filofascistas, 'Lo llaman justicia y no lo es' o 'No hay justicia para estos crímenes'.

Al igual que el martes pasado, Garzón contó con el apoyo de los jueces de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y Fernando Andreu y de la fiscal Dolores Delgado, que asisten a la vista oral como público y departieron antes del comienzo del juicio con el fiscal Luis Navajas.

Sin embargo, ningún representante político se dio cita en la concentración que se ha desarrollado en la plaza de la Villa de París. La semana pasada acudieron a la manifestación el coordinador general de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara; el diputado de la formación Gaspar Llamazares; el exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo o la actriz Pilar Bardem.

Durante la protesta, que se ha desarrollado con absoluta tranquilidad, los concentrados han coreado consignas como 'Tribunal Supremo, Suprema impunidad', 'Ni orgullo ni perdón, verdad, justicia, reparación', 'Hay que juzgar al franquismo criminal', 'Vergüenza, vergüenza' o 'Tenemos memoria, queremos justicia'.