La Diputación Provincial de Valencia aprobó ayer un convenio de colaboración con las Religiosas Siervas de la Caridad, acusadas ante la Fiscalía de colaborar en el robo de bebés mediante adopciones irregulares en la Casa Cuna Santa Isabel. Por el convenio, las monjas recibirán 20.000 euros anuales durante cuatro años. Esquerra Unida (EU) fue el único grupo político que votó en contra al considerar que no se puede dar dinero público a 'entidades que están siendo investigadas por unos hechos tan graves', según la diputada Rosa Pérez Garijo.

La Casa Cuna Santa Isabel ha sido denunciada por casos de 'coacción' a madres menores de edad (21 años en la época de las denuncias) para que dieran en adopción a sus bebés. 'No creo que se produjeran robos como en otros hospitales, pero allí acudían mujeres a disimular su embarazo y dinero siempre ha habido', denuncia el abogado Enrique Vila, nacido en la casa cuna valenciana en 1965. 'Hace 23 años, las monjas me dijeron que sabían el nombre de mi madre pero que no me lo dirían. Ahora, dicen que no lo tienen', añade.

'Hace 23 años sabían el nombre de mi madre', denuncia un afectado

La Fiscalía de Menores de Valencia ha asumido las denuncias sobre adopciones irregulares sin haber archivado hasta ahora ninguna. 'Tienen que disponer de los datos de todas las madres que iban allí porque todos los testimonios dicen que les pedían el DNI para poder entrar', señala la diputada Pérez Garijo.

En la Casa Cuna Santa Isabel niegan haber recibido investigación alguna de la Fiscalía. 'Llaman muchas personas que han nacido aquí para saber su origen, pero de la Fiscalía nada sabemos', señaló ayer una portavoz de la institución. La mayor parte de las denuncias de robo de niños relacionadas con este centro corresponden a hijos que buscan a sus madres biológicas. 'Las Siervas de la Pasión de Barcelona están mediando con las de Valencia para que proporcionen los datos a los afectados', agregó la portavoz de SOS Bebés Robados en Valencia, Ángeles Fuente.

La votación de la Diputación de ayer no es el primer foco de polémica que se dirige a la casa cuna. El Ayuntamiento de Valencia nombró el pasado octubre a la directora del centro, sor Aurora Gallego, hija adoptiva de la ciudad. La concejal de Compromís, Consol Castillo, no asistió al acto en protesta al considerar que Gallego es una de las 'promotoras' del robo de hijos durante los años sesenta y setenta. Sin embargo, Compromís se abstuvo ayer en la votación del convenio otorgado a la casa cuna.

'Llaman muchas personas para saber su origen', reconocen en el centro

Actualmente, la entidad gestionada desde 1972 por sor Aurora Gallego se dedica a atender a mujeres embarazadas en riesgo de exclusión. 'Madurar a la mujer para que logre tomar conciencia de su problemática, descubra sus recursos y pueda conseguir su equilibrio personal y su inserción socio-laboral y familiar', definen en sus objetivos.

Familias de recursos

Según la diputada Rosa Pérez, en las décadas donde provienen las denuncias, las mujeres que acudían a la casa cuna no pertenecían a entornos de exclusión, como podría ser una joven que hubiera ejercido la prostitución, sino 'de familias de recursos' que trataban de ocultar el embarazo.

La Fiscalía de Valencia ha ordenado abrir cinco nichos

La Fiscalía no ha informado a los afectados, como Enrique Vila, de los progresos en la investigación de este centro. Sin embargo, ha anunciado que el próximo 31 de enero se procederá a la exhumación de cinco nichos donde se supone yacen niños muertos al nacer. La diputada de EU, Esther López Barceló, ha solicitado estar presente en los desenterramientos.