Ni siquiera Carlos Fabra es intocable. Este es el mensaje que confirmó hoy un juez de Nules con el auto de apertura de juicio oral contra el expresidente de la Diputación de Castellón. El hombre fuerte del PP en esta provincia se sentará, por fin, en el banquillo de los acusados para responder de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal. Fabra, el 'ciudadano ejemplar' del que habló Mariano Rajoy, el político que creía en la absolución de las urnas, tendrá que abonar antes del lunes una fianza de 4,2 millones de euros en concepto de responsabilidad civil. De lo contrario, se procederá al embargo de sus bienes.

El Tribunal Supremo ya había enseñado a Fabra el camino del banquillo el pasado 2 de diciembre, cuando revocó una decisión de la Audiencia Provincial de Castellón que consideraba prescritos cuatro de los cinco delitos fiscales que pesaban sobre el expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial. La reacción de Fabra a aquella decisión de la Audiencia, adoptada a finales de 2010, permitió conocer el concepto de justicia que maneja el político conservador y la arrogancia con la que lo exhibe. 'Me han archivado y eso equivale a la absolución. ¿Y por qué? Pues porque no me van a poder juzgar de nada', se jactó entonces. 'El juez y las Fiscalía no han hecho los deberes como deberían y han dejado pasar un tiempo para que esto prescribiera. Y ha prescrito', añadió sin rubor en una triunfal rueda de prensa.

Fabra deberá pagar antes del lunes una fianza de 4,2 millones de euros

Fabra se sentará en el banquillo junto a su exesposa, María de los Desamparados Fernández Blanes, a la que el titular del juzgado de instrucción número 1 de Nules, Jacobo Pin, ha impuesto también una fianza de responsabilidad civil por valor de 800.000 euros. Y, junto a ellos, la pareja formada por Vicente Vilar y Montserrat Vives. Los cuatro eran amigos hasta que discutieron y Vilar se dirigió a los juzgados a detallar su relación comercial con el político.

Los hechos se remontan a 1999. Vicente Vilar era el admi-nistrador único de Naranjax, una empresa de productos fito-sanitarios comercializados por Arcavi, al frente de la cual estaba su esposa. El matrimonio andaba por aquel entonces pendiente de que los Ministerios de Agricultura y de Sanidad y Consumo le aprobaran la fabricación y comercialización de unos productos. Y pensaron en Fabra, quien accedió a mediar. Según las diligencias, el presidente de la diputación mantuvo una reunión el 12 de julio de 1999 con el ministro de Agricultura de la época, Jesús Posada, actualmente presidente del Congreso; y con Juan Costa, secretario de Hacienda y diputado por Castellón, entre otros. Resultado: el 18 de octubre fue aprobada la producción y comercialización de Abac, uno de los productos estrella de las empresas de Vilar y su esposa. El precio por la mediación o tráfico de influencias: 25 millones de pesetas. Fabra cobró en metálico.

El Tribunal Supremo corrigió el archivo de la Audiencia Provincial

Comenzó entonces una relación profesional que llevó al presidente de la Diputación de Castellón a mediar en otros negocios de Vilar, donde solía actuar también un bufete de abogados del que era socio el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa. Según la investigación, Fabra también se reunió con Celia Villalobos cuando se produjo el relevo al frente del Ministerio de Sanidad. Uno de los ocho jueces que ha tenido el caso rechazó la imputación de los políticos de primer nivel que, sin embargo, deberán declarar como testigos en el juicio oral a petición de la acusación popular. Ni Fabra ni su esposa declararon cantidades superiores a 120.000 euros en cada uno de los ejercicios comprendidos entre 1999 y 2004. Sólo en el caso de Fabra, la cifra defraudada supera los 1,5 millones de euros, según la investigación.

La Agencia Tributaria descubrió 94 cuentas bancarias en las que el político aparecía como titular o autorizado, examinó 17.000 operaciones bancarias y decenas de ingresos en efectivo que nunca superaban los 3.000 euros, la cantidad máxima para no ser notificada al Banco de España. La investigación fiscal se prolongó durante cinco años.

La Audiencia Provincial estimó en 2010 el recurso de la defensa de Fabra, que se basaba en la prescripción de los presuntos delitos fiscales. Consideró que había una denuncia de la Agencia Tributaria y un auto incoando 'las oportunas diligencias previas', pero que no había existido interposición judicial por lo que la simple presentación de una denuncia o querella no interrumpía el plazo de prescripción.

«No me van a poder juzgar de nada», se había jactado el político

Tras siete años de pesquisas, el caso Fabra parecía desembocar en vía muerta. Hasta que el Tribunal Supremo rectificó el archivo el mes pasado e infringió un severo correctivo a los jueces de Castellón. El Alto Tribunal consideró que todas las actuaciones judiciales practicadas interrumpen el plazo de prescripción y reprochó la 'contradicción en que incurre' la Audiencia Provincial al archivar un caso en el que llegar a tratar como 'imputados' a Fabra y el resto.

El juez Pin dio hoy diez días a las defensas para formular escrito de conformidad o disconformidad con las acusaciones formuladas. Si no lo hacen entenderá que están de acuerdo y el procedimiento seguirá su curso, con el señalamiento de la fecha del juicio. El abogado de Carlos Fabra y de su exmujer es Javier Boix, que también se encarga de la defensa del expresident de la Generalitat Francisco Camps en la denominada causa de los trajes dentro del caso Gürtel.