'No sabemos cuántas personas hay privadas de su libertad en el CIE porque no hay datos oficiales', remarcaba ayer el abogado Javier Ordóñez, de la Asociación catalana por la defensa de los derechos, en la sede de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB). Esta entidad acogió ayer la presentación de un manifiesto en el que 148 entidades exigen el cierre de los nueve Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) del Estado, con especial énfasis en el de la Zona Franca de Barcelona, donde el pasado 5 de enero falleció el joven guineano Idrissa Diallo.

Esta muerte ha vuelto a levantar la polémica sobre estos centros donde los inmigrantes en situación irregular son retenidos bajo condiciones carcelarias. El caso ha dado nueva fuerza a la campaña por el cierre del CIE de la Zona Franca. Asociaciones de inmigrantes y de vecinos, asambleas de estudiantes y del 15-M, defensores de los derechos humanos y algunos sindicatos y partidos políticos se han sumado al manifiesto.

El manifiesto también denuncia las redadas por criterios raciales

Ordóñez explica que, pese a la ausencia de cifras oficiales, cálculos hechos por las ONG aseguran que en 2009 había unos 16.000 internos en los nueve CIE del Estado. Según el abogado, el 49 % finalmente no es expulsado del país.

Estos datos demostrarían que el objetivo legal de estos centros, que es la expulsión, no se llega a cumplir ni en la mitad de los casos. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) reduce aún más las cifras y, aunque no figura entre los firmantes del manifiesto, aseguró a este diario que sólo son deportados entre el 6% y el 8% de los internos. Los que no son expulsados antes de 60 días quedan en libertad con una orden de expulsión.

Cristina Fernández Bessa, del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universitat de Barcelona, pudo entrar en el CIE de la Zona Franca el pasado 28 de septiembre en la visita orga-nizada por Migreurop. Fernández cuenta que el director del centro admitió que sólo son expulsados dos de cada tres internos. Para Ordóñez las cifras demuestran que 'esto ya no es una medida cautelar, sino un castigo'. El abogado asegura que la situación actual es 'un desbarajuste jurídico, una locura'.

La muerte de Idrissa Diallo ha vuelto a levantar la polémica sobre el centro

Parece ser que otra de las exigencias del manifiesto nombrar un juzgado de control del CIE de Barcelona, como ha pasado en Madrid y Barcelona va camino de cumplirse. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya tiene pendiente de dar su visto bueno a la propuesta de la junta de jueces de instrucción para que dos de ellos se encarguen del control y vigilancia del CIE de la Zona Franca. Fernández asegura que los centros 'están gestionados de manera discrecional a criterio del director'.

Jose Peñín, portavoz de SOS Racisme, explicó por su parte que en los últimos tres años se han encargado de más de una decena de denuncias por malos tratos que en ningún caso han prosperado, 'en muchas ocasiones porque las víctimas o los testigos han sido expulsados', dice. Asegura que es una parte 'muy pequeña' de los casos que se dan en realidad, porque el miedo y el desconocimiento evita más denuncias.

Peñín añadió que SOS Racisme se ha personado como acusación particular en la causa de la muerte de Idrissa Diallo con la intención de asegurarse de que 'se haga una investigación hasta el final', como ya lo hizo la Asociación Papeles y Derechos para Todos la semana pasada.

'El CIE no es una medida cautelar, sino un castigo', según un abogado

Norma Falconi, de la Asociación Papeles y Derechos para Todos, afirmaba ayer que, por su parte, ellos no sólo exigen el cierre de los CIE sino también la derogación de la Ley de Extranjería. 'Hablamos de limbo legal para denunciar la situación irregular de estos centros, pero la realidad es que tienen todo el amparo de la ley', explicaba.

Lluïsa Domingo, presidenta de la Comisión de Defensa de los derechos de la persona y el libre ejercicio de la abogacía del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), aseguraba ayer que, con la Ley de Extranjería que ella, a nivel personal, califica de 'nefasta' 'los inmigrantes tienen todos los derechos reconocidos excepto el de la libre circulación', pero añadió que no siempre se cumplen.

Gran parte de los retenidos en los centros no llegan a ser expulsados

'En el CIE se impide el derecho a la defensa. Hay abogados que lo han denunciado al Colegio', asegura Domingo, que califica el hecho de 'especialmente grave'. La comisión del (ICAB) ha solicitado una reunión de urgencia con el director del centro para tratar esta cuestión.

Los internos disponen de abogados de oficio para el proceso de expulsión, pero Fernández explica que 'si quieren abrir un proceso para denunciar malos tratos deben acudir a otros abogados'. A este hecho se añade que todos los inmigrantes condenados a internamiento en España son destinados a uno de los nueve CIE del Estado, pero el abogado que los representa en el proceso de expulsión se encuentra en la ciudad en la que fue la detención. En el caso del CIE de la Zona Franca no se internan mujeres, que son trasladadas al CIE de Valencia o, en algunos casos, al de Madrid, explicó Fernández.

Otra de las cosas que exige el manifiesto es 'que cesen las redadas por criterios raciales'. Según Fernández, se realizan redadas de acuerdo a 'los vuelos que se fletan a un determinado país'.

El manifiesto lo firman entidades muy diversas. Desde asociaciones que luchan hace años contra los CIE a partidos como ICV, Solidaritat, CUP o Izquierda Anticapitalista y sindicatos como la CGT, la IAC o las juventudes de UGT. Marc Serra, portavoz de la plataforma, matizó que no todos los firmantes participaran en la campaña, pero insistió en que lo que reclaman no es una mejora de condiciones, que aceptarían como paso previo, sino el cierre definitivo de los CIE.