La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal para ver si hay hechos constitutivos de delito en la implantación de prótesis de mama de la marca francesa Poly Implant Prothèse (PIP), retirados del mercado en marzo de 2010 debido a la presencia en muchos de ellos de silicona industrial no apta para el uso médico.

La Fiscalía, cuya titular es Teresa Gisbert, responde así a un requerimiento realizado el 23 de diciembre por la Asociación el Defensor del Paciente (Adepa). Su presidenta, Carmen Flores, señaló ayer a este diario que es la segunda vez que solicitaban a la Fiscalía la apertura de una investigación para depurar resposabilidades en torno a este caso, ya que en 2010 enviaron una comunicación similar que entonces no tuvo respuesta.

Las portadoras de PIP, 'contentas' por la apertura de la investigación

Al margen del proceso judicial que pudiera resultar de esta investigación, Flores considera que las autoridades sanitarias españolas deberían hacer igual que las francesas y asumir el coste de la retirada de todas las prótesis PIP, hayan dado o no problemas. 'Debería ser así; si a estas mujeres a las que se les ha roto o se les puede romper la prótesis se les provoca una enfermedad, al final el coste para el sistema sanitario público será mayor', añade la presidenta de Adepa. A juicio de Flores, las autoridades deberían exigir al menos las clínicas privadas que pusieron la mayoría de estos implantes que asuman ahora su recambio, ya que hay muchas afectadas que no pueden pagarse la operación.

En el plano legal, se podría imputar a la compañía francesa un delito de estafa y lesiones, según la opinión del letrado Manuel Mata, que pleiteó en 2008 contra la compañía aunque no pudo obtener una condena porque antes de finalizar el proceso PIP España 'desapareció' sin dar cuenta, además, de cuál era su compañía de seguros. Así pues, la situación ahora sería más difícil todavía porque habría que ir 'contra alguien que no te va a pagar' esperando que la compensación viniera a través de lograr responsabilidad subsidiaria de las autoridades.

Más de 1.500 mujeres se han puesto en contacto con la asociación

La mayor parte de las afectadas están en la zona de Levante. Catalunya y País Valencià han cifrado en 450 y 639 respectivamente el número de mujeres que recibieron las prótesis PIP en sus territorios para la reconstrucción del pecho tras procesos oncológicos.

No obstante, la mayor parte de los implantes de prótesis PIP se dieron en la sanidad privada y se efectuaron a mujeres que se operaron por motivos de estética. De hecho, las propias afectadas, que han creado en Valencia la Asociación Nacional de Afectadas por las Prótesis (Anap), calculan que en España las prótesis PIP podrían haber sido implantadas a entre 30.000 y 35.000 mujeres. Los médicos especialistas rebajan la cifra a la decena de millar.

A la compañía se le podría imputar un delito de estafa y lesiones

Se trata, en cualquier caso, de un elevado número de afectadas, como lo pone de relieve el hecho de que en un mes más de 1.500 mujeres con prótesis PIP se hayan puesto en contacto con Anap a través de Facebook. La impulsora de Anap, Eva Giménez, se mostró ayer 'contenta' por la decisión de la Fiscalía. Su asociación está preparando medidas legales. Giménez asegura que entre las españolas con prótesis PIP hay al menos nueve casos de cáncer que podrían estar relacionados con los implantes PIP.

El pasado día 10 la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, aseguró que la sanidad pública revisará las prótesis no sólo a las mujeres que las recibieron tras una mastectomía en el Sistema Nacional de Salud, sino también a las operadas en clínicas privadas que ya no existan o estén fuera de España.