El Gobierno ha empezado a calentar motores de cara al Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo martes dando algunas pistas de lo que pondrán sobre la mesa. Una de estas propuestas, según avanzó ayer el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, será la de que la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que desarrollará la reforma constitucional, contemple sanciones para aquellas comunidades que incumplan el objetivo de déficit, en línea con lo que aplica la UE.

La idea, avanzada por Montoro por la mañana, fue trasladada por la tarde en la sede nacional del PP a los responsables económicos de las 11 comunidades gobernadas por el partido. El ministro aprovechó la cita con los consejeros para distanciarse de su colega en el Gobierno Luis de Guindos, que hace una semana dijo que el Ejecutivo sometería a control previo los presupuestos de las autonomías.

Las sanciones que se barajan serán administrativas y, tal y como establece la Constitución, no podrán tener carácter retroactivo. Era la respuesta que daban ayer todos los responsables autonómicos de Economía y Hacienda del PP cuando se les preguntaba si, dado que su partido considera que los socialistas mintieron sobre las cifras de déficit, estudiaban exigir algún tipo de responsabilidades.

Valencia reclama a Montoro un nuevo modelo de financiación

A su llegada a la reunión, los consejeros regionales recibieron de forma desigual el anuncio de Montoro. “A favor de las sanciones no está nadie”, intentó resumir el vicepresidente Económico del Govern balear, Josep Ignasi Aguiló. Mientras, para la consejera de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, la posibilidad de sanciones es “una buena medida”.

La reunión, tuvo lugar un día después de que Rajoy anunciara que el ajuste fiscal para 2012 será de 40.000 millones. Y que gran parte de esta desviación –del 6% a más del 8% de déficit– se debía a las comunidades autónomas. Lo que obvió es que la mayor parte de las regiones están en manos del PP desde junio. El Gobierno calcula que del total de desvío del déficit en 2011 unos 15.000 millones corresponden a las comunidades. Intentando ayer salir al paso de este hecho, el partido remitió un argumentario a sus cargos sosteniendo que “a pesar de que el PP gobierna en la mayoría de las comunidades autónomas desde mayo, el Gobierno no disponía de la información precisa sobre sus cuentas porque no estarán cerradas de forma definitiva hasta febrero”.

Madrid pide que las comunidades puedan reducir gasto estructural

En la cita, en la que las autonomías se comprometieron con el déficit y el objetivo presupuestario, Montoro sostuvo que el PP respeta su “autonomía económica, política y financiera desde el convencimiento de que un Estado descentralizado no tiene por qué ser despilfarrador y generador de déficit”, informó el partido en un comunicado. Unas palabras que se interpretaron como un distanciamiento del ministro de Economía, Luis de Guindos, que afirmó en una entrevista en Financial Times que el Gobierno sometería a control previo los presupuestos de las comunidades.

José Manuel Vela, consejero de Hacienda del País Valencià, reclamó un nuevo sistema de financiación con criterios poblacionales. Su demanda ya la había lanzado por la mañana el president, Alberto Fabra. Por su parte, el consejero de Economía de Madrid, Percival Manglano, defendió la “necesidad imperiosa” de cambios normativos a nivel estatal que permitan a las comunidades reducir su gasto estructural.