El juicio del caso de los trajes atraviesa estos días una fase tan tediosa como decisiva. Es aquella en la que los expertos en contabilidad explican ante el jurado popular formado por 11 ciudadanos escogidos al azar por qué afirmaron en sus informes que la trama Gürtel pagó trajes para Francisco Camps. Entre el martes y el miércoles, un total de cinco peritos han sido interrogados acerca del rastro que los presuntos pagos de la red dejaron tanto en su propio registro de cuentas como en el de las tiendas madrileñas en las que adquirieron la ropa.

Ayer, fue el turno de los dos expertos de la Agencia Tributaria que analizaron la caja B de la trama, formada por dinero que escapaba al control de Hacienda. Los dos afirmaron que existe constancia documental de que el número dos de la trama, Pablo Crespo, sacó 4.821 euros de ese fondo de dinero no declarado y pagó con él en efectivo dos recibos de compra de Milano, uno de los establecimientos. Ese recibo correspondía, presuntamente, a varias prendas de ropa que fueron encargadas para Francisco Camps.

La red habría usado, transferencias, cheques y efectivo para pagar la ropa

La constatación de que la trama pagó trajes en efectivo a través de la caja B es de gran importancia a la hora de cuadrar el rompecabezas de las pruebas contables de este caso. El pago en dinero contante y sonante fue, presuntamente, una de las vías que la trama utilizó para saldar los trajes con los que agasajaban a varios políticos del PP valenciano. Además, la red utilizó cheques y transferencias bancarias. Así, los cabecillas de la trama abonaban cuentas a su nombre. En ellas, figuraban las prendas que Camps encargaba a medida y se llevaba, presuntamente, sin pagar.

Este mecanismo ya se ha declarado probado en el caso de dos subordinados de Camps: el exvicepresidente de la Generalitat Víctor Campos y el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turisme Rafael Betoret. Los dos se declararon culpables en julio. La incógnita que se despeja en este juicio es si Camps y su compañero de banquillo, el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, recibieron dádivas por el mismo procedimiento, tal y como apuntan las pruebas del sumario. Se da la circunstancia de que en el mismo periodo de tiempo en el que recibieron los regalos de 2005 a 2008 los empresarios que los agasajaban recibieron millones de euros en adjudicaciones públicas de la Generalitat Valenciana.

En este contexto, la declaración de los peritos de ayer es un indicio incriminatorio más, después de casi tres semanas de juicio en el que varios empleados de las dos tiendas, desde cajeras a directivos, han corroborado que la ropa de Camps era pagada por los empresarios de la trama.

Boix pretendió desacreditar a los dos expertos ante el jurado popular

Los expertos contables que declararon ayer se enfrentaron a un exhaustivo interrogatorio por parte de la Fiscalía Anticorrupción y la Acusación Popular, ejercida por el PSOE, que quisieron destacar ante el jurado todas las pruebas de que ese pago de la caja B de la trama Gürtel se corresponde con recibos de compra de Camps.

A sus preguntas, los expertos contestaron que basan tal afirmación en que existe un apunte en esa contabilidad opaca en el que se afirma literalmente que la cantidad era para 'Milano'. En segundo lugar, existe un 'nexo temporal' entre la salida de esa cantidad de las cuentas de la trama y el pago de los recibos, que se abonó en dos partes: una fue ese mismo día el 23 de enero de 2007 y otra cuatro jornadas más tarde.

Los dos peritos insistieron, además, en que los apuntes de la caja B eran muy fiables, porque eran extremadamente exhaustivos. La red tenía varias contabilidades opacas, y dentro de cada una de ellas había varios registros. El contable de la trama, José Luis Izquierdo, contaba con, entre otros, un documento en el que se anotaban los gastos asociados a las empresas, y otro en el que se dejaba constancia de los gastos personales. Así se conoce, por ejemplo, que Francisco Correa, el líder de la trama, pagaba con dinero negro la cuota mensual de la residencia de ancianos en la que vivía su padre.

Por su parte, Javier Boix, el abogado de Camps, trató de desacreditar las conclusiones de los dos peritos. Utilizó para ello un lenguaje que a ratos llegó a ser despreciativo. Preguntó, por ejemplo, a una perita cuántos años llevaba en la Agencia Tributaria. Cuando ella contestó que 'muchos', él le espetó que 'no lo parece'. Boix destacó que esta experta pertenece a la unidad de auxilio de la Fiscalía. Así, quiso transmitir al jurado la sensación de que su testimonio había de ser inevitablemente favorable a la acusación.

Boix también descendió al detalle de los apuntes contables para intentar desmontar las conclusiones de los peritos. Afirmó que el dinero que salió de la caja B no era una cantidad redonda, sino 'exacta': 4.821 euros. Sin embargo, Crespo pagó con este dinero dos recibos cuya suma era inferior a esa cifra. El perito, por su parte, replicó que la conexión entre ambos documentos era temporal y afirmó que podía haber otros recibos pendientes en las tiendas a los que él no habría tenido acceso.