La defensa de Francisco Camps los había citado para favorecer a su cliente, pero su testimonio resultó ser un lastre para la imagen del expresident valenciano. Ocho altos cargos de la Generalitat Valenciana pasaron este miércoles por el juicio del caso de los trajes. Todos participaron en la adjudicación de contratos a la trama Gürtel, la red de empresas que, presuntamente, hizo regalos a Camps. Su abogado pretendía que dijeran que el expresident no les hizo ninguna recomendación al respecto. Pero, en cuatro de los ocho casos, la acusación aprovechó su presencia para exponer los indicios de que hubo amaños para que fueran esas empresas y no otras las que lograran las adjudicaciones.

El mecanismo en todos los interrogatorios fue el mismo. Primero, el abogado de Camps les preguntaba si recibieron alguna indicación para dar trato de favor a la trama, y ellos contestaban que no. Acto seguido, el letrado de la acusación popular, ejercida por el PSOE valenciano, los ponía frente a las supuestas irregularidades en las contrataciones.

Ante las supuestas irregularidades, los testigos dicen

Una de las interrogadas fue Silvia Caballer, directora de Archivos y Bibliotecas entre 2005 y 2008, los años en los que Camps recibió las presuntas dádivas, y también en los que la trama recibió un mayor volumen de contratos públicos. Caballer reconoció que hizo cuatro contratos diferentes por 12.000 euros el límite que marca la ley para aprobar una adjudicación sin concurso público para un mismo evento. El adjudicatario fue Orange Market, la filial de la trama en Valencia. La testigo no supo explicar por qué se fraccionaron los contratos.

Un caso parecido fue el de María Auxiliadora Hernández, directora del Instituto de Calidad Educativa en esos años. Bajo su mandato, la organización de un mismo congreso se troceó en contratos menores. Cada uno fue a parar a una empresa distinta, pero todas pertenecientes a la trama Gürtel. Hernández afirmó que no sabía que todas las sociedades eran del mismo grupo. Preguntada sobre si fue, entonces, una casualidad, ella contestó: 'Es posible'.

Juan Miguel Bellver, director general de la empresa pública Vaersa, dio el visto bueno a un contrato de 120.000 euros para la trama mediante el procedimiento negociado, que consiste en invitar a tres empresas de las que finalmente se elige una. La acusación recordó mediante sus preguntas que las tres compañías elegidas eran de la trama, un aspecto que Bellver dijo desconocer. Finalmente, Carmen Díaz, gerente de la Fundación la Luz de las Imágenes, explicó que había otorgado tres contratos a Orange Market porque presentó la oferta 'más ventajosa'. Sin embargo, fue incapaz de recordar a qué otras empresas pidió presupuesto.

Exaltos cargos confirman que se trocearon contratos que iban a la trama

También hoy declaró como testigo Cándido Herrero, jefe de producción de Orange Market e imputado en la causa principal del caso Gürtel. Afirmó que su empresa no hizo regalos a Camps. Pero admitió también que hizo transferencias para pagar facturas sin saber si respondían a conceptos reales, así que no podía asegurar que sus jefes no lo hicieran. 'A mí me mandan pagar una cosa, y yo la pago', afirmó. En cuanto a un correo en el que él mismo da indicaciones a las tiendas de ropa sobre qué conceptos tenían que figurar en las facturas, alegó que no lo reconocía como suyo.