El Síndic de Greuges [defensor del pueblo catalán], Rafael Ribó, alertó ayer en el Parlament de la existencia de maltratos en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona. 'Está más que demostrado que se dan las condiciones que seguro que permiten la existencia de maltratos', aseguró Ribó. No pudo ser más específico porque no ha podido visitar el centro. Tampoco ha recibido la información que solicitó al ex delegado del Gobierno en Catalunya, Joan Rangel.

A pesar de que la ley del Síndic de Greuges obliga a cualquier Administración a informar al defensor del pueblo, Ribó siempre obtuvo de Rangel 'el más absoluto silencio'. Así fue cuando le reclamó explicaciones sobre las quejas recibidas sobre el trato a los internos, algunos de los cuales protagonizaron huelgas de hambre, y también tras solicitar información sobre la muerte de uno de los inmigrantes. Tanto es así que Ribó declaró en el Parlament a la Delegación del Gobierno como la Administración menos colaboradora.

La semana pasada murió una congoleña por meningitis en el de Madrid

Tras entregar a la presidenta de la Cámara catalana el informe anual de la Autoridad Catalana para la Prevención de la Tortura, que él mismo preside, Ribó señaló que hay 'indicios', 'quejas' y 'suposiciones' suficientes para afirmar que existen deficiencias en el centro, donde se da un régimen de 'amontonamiento'. El Síndic señaló que se debe solucionar 'con urgencia' la situación de este opaco centro de internamiento para extranjeros. Por ello, señaló que ya se ha puesto en contacto con la sucesora de Rangel, Montserrat García Llovera, si bien aclaró que aún no ha recibido respuesta.

En total, en España hay nueve CIE, con una capacidad aproximada de 2.500 plazas. En el de Madrid, la semana pasada murió una mujer congoleña víctima de una meningitis no diagnosticada. La falta de una sala de enfermería desató una polémica que tuvo su culmen en un auto del Juzgado número 6 de Madrid, del pasado 21 de diciembre. En él, el juez de vigilancia criticó el 'hacinamiento' al que se somete a los inmigrantes y la falta de asistencia médica.

Las ONG critican el estado 'ruinoso' de algunas de las instalaciones

En el Sur, las ONG Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) y Anda-lucía Acoge se sumaron ayer al torrente de críticas, al denunciar la 'falta y vulneración de derechos' en los CIE de Málaga y Algeciras, de los que denunciaron el estado 'ruinoso' de sus instalaciones. Ambas organizaciones exigieron el cierre de las instalaciones, al tiempo que critican el 'carácter penitenciario claro' de los mismos, informa Europa Press.

La presidenta de Andalucía Acoge, Mamen Castellanos, resaltó 'el carácter penitenciario claro de todos ellos', pese a que la Ley de Extranjería de 1985 'no lo permite'. 'Se da en todos, sobre todo en Algeciras, donde se usa como CIE una antigua prisión que no cumplía las condiciones para serlo', añadió.

El Ministerio del Interior se ha mostrado siempre contrario al cierre que reivindican las ONG de los polémicos CIE. El presidente de la asociación hispano-ecuatoriana Rumiñahui, Vladimir Paspuel, pidió al nuevo responsable de la cartera ministerial, Jorge Fernández Díaz, que presente 'lo antes posible' la parte del reglamento de la Ley de Extranjería que debe dar un marco más garantista a los internamientos de los sin papeles en los CIE. Desde que el Congreso aprobó la reforma de la ley, en diciembre de 2009, el Gobierno disponía, en teoría, de seis meses para presentar el reglamento que la ha de desarrollar.