A las ocho de la mañana, Clara Martínez, una vecina de Granada, tuvo que entregar a un funcionario judicial las llaves de la vivienda que ha ocupado desde hace 22 años. La mujer, de 61 años, abandonó la casa pacíficamente, en medio de un despliegue policial insólito para ejecutar una orden de desahucio que afectaba a una única inquilina. Unos 50 antidisturbios habían acordonado los aledaños a la Casa del Aire, el inmueble en el que vivía Clara, para impedir el acceso de miembros del 15-M y de su plataforma Stop Desahucios.

La operación empezó 11 horas antes de la señalada para el desalojo. A las nueve de la noche comenzaron a llegar a la zona furgonetas de antidisturbios –al menos una decena– y coches de agentes nacionales ante la sorpresa de miembros de la plataforma Stop Desahucios 15-M, que tenían previsto acampar en la zona en protesta contra el desahucio. En cuestión de segundos, los antidisturbios tomaron la calle Zenete, donde permanecieron por la noche de guardia, y blindaron los accesos al inmueble para evitar que el Movimiento 15-M paralizara la ejecución de la orden de desahucio, como sucedió en dos ocasiones anteriores.

Miembros del 15-M y su plataforma Stop Desahucios realizaron una sentada pacífica a ambos lados del cordón policial para intentar frenar el desalojo. No pudo ser. La Policía los levantó a rastras uno a uno, lo que ocasionó contusiones a algunos manifestantes. Horas después, a las 12 de la mañana, los manifestantes se concentraron ante la puerta de la Audiencia Provincial para protestar por la orden de desahucio contra la inquilina de la Casa del Aire, por “amenazarla” con cargarle las costas del desalojo y por ordenar un dispositivo que impedía el paso al inmueble.

Clara Martínez era la penúltima inquilina de un bloque de 14 viviendas que ha ido deshabitándose desde 2004 por presiones inmobiliarias. Pagaba una renta de 166 euros por el piso que ocupaba en la Casa del Aire, un inmueble catalogado del Albaicín que la empresa quiere convertir en apartamentos. Ayer, al abandonar la casa, Clara criticó los desalojos que se ejecutan “con ayuda de policía, la colaboración de los juzgados y la connivencia de las administraciones”. “La ley está con los especuladores”, dijo.