El debate sobre la regulación del cultivo y del consumo de cannabis está de nuevo sobre la mesa. La iniciativa parte del Gobierno vasco, aunque por ahora adolece de falta de concreción. El tiempo dirá.

El Departamento vasco de Sanidad anunció el lunes su intención de promover una nueva regulación sobre el cannabis, en los primeros meses de 2012, dentro de la Ley de Adicciones. En palabras del viceconsejero de Sanidad, Jesús María Fernández, el objetivo sería 'legislar vacíos legales que existen en la actualidad y con el criterio de que es mejor ordenar que prohibir conductas que ya existen consolidadas en la sociedad'. La intención se presumía ambiciosa.

Ayer, en cambio, la portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, echó mano de un discurso más comedido para asegurar que el Ejecutivo no pretende ser 'más permisivo' con esta sustancia, sino 'estudiar la legislación vigente dentro de la comunidad autónoma, y ver cómo se puede regular mejor el consumo, venta y cultivo de cannabis que tenemos ahora mismo'. Y sea la fórmula que sea, agregó, se ajustará al Código Penal: 'Establece lo que establece'.

La iniciativa del Ejecutivo vasco obligó a pronunciarse a la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas en funciones, Nuria Espí. Recordó que el consumo de drogas en el Estado está regulado por la Ley de Seguridad Ciudadana y que, por lo tanto, Euskadi no tiene competencias para su reforma. Y dicho esto, sugirió a qué podía referirse el Gobierno vasco cuando habla de una nueva regulación: 'Se refiere claramente al funcionamiento [de los clubes de consumo] (...) De regular la forma de funcionar un club de cannabis a la legalización de las drogas hay un largo recorrido, es diferente'.

Finalmente, el Departamento vasco de Sanidad hizo público un comunicado por la tarde en el que aseguraba que no se plantea 'la legalización ni la permisividad' de la marihuana, sino que lo que pretende es 'regular' su venta, consumo y cultivo en las asociaciones de usuarios de esta sustancia. Estas deberían cumplir, eso sí, ciertos requisitos: limitar el acceso sólo a socios, prohibir la entrada a menores, llevar registros del cultivo y almacenamiento y garantizar una información completa sobre las consecuencias del consumo y el respeto a la salud de las demás personas.

La Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC), que integra a grupos de distintas autonomías, ve con buenos ojos el paso del Gobierno vasco, aunque cree que 'no sabe muy bien qué hacer'. Según el presidente de FAC, Martin Barriuso, 'la declaración de intenciones es buena'. No sabíamos que iba a salir con esto', agregó. Barriuso, que también es miembro del Consejo Asesor de Drogodependencias del Ejecutivo vasco, cree que hay dos posibles detonantes para entender el paso dado en este momento. A su juicio, uno puede ser el golpe policial sufrido, hace sólo tres semanas, por la asociación que él mismo preside en Bilbao para el estudio del cannabis (Pannagh). La Policía Municipal de Bilbao decomisó 79 kilos de marihuana y detuvo a tres personas. 'Yo estuve 80 horas arrestado', cuenta.

Lo curioso del caso es que la citada asociación, que está por ahora clausurada, mantenía a la Ertzaintza informada sobre sus plantaciones, y hace ya seis años fue absuelta por la Audiencia Provincial de Bizkaia. El juez ordenó entonces devolver la droga incautada con el argumento de que los miembros de Panagh realizaban un 'consumo compartido'.

'La ley lo permite dice Barriuso, el problema es que no dice cuántas plantas puedes cultivar. Hay policías que intervienen si ven una planta y otros pasan si hay diez'.

FAC tiene una propuesta concreta para la 'regulación legal del cannabis en el Estado español' que abarca su consumo, la tenencia, la producción, la distribución y el funcionamiento de los clubes sociales de cannabis.

La segunda razón que, a juicio de Barriuso, ha podido motivar la iniciativa del Gobierno vasco es el foro organizado en octubre por el Ararteko (Defensor del Pueblo en Euskadi) sobre el cannabis. En su documento final de conclusiones, el Ararteko habla de 'falta de voluntad política' para cambiar la actual legislación y defiende que 'el consumo y la tenencia para el consumo personal no deberían estar sancionados. Es preciso diseñar fórmulas imaginativas para que las personas adultas consumidoras, que no quieran recurrir al denominado mercado negro, puedan acceder al consumo'.