Por segundo mes consecutivo, el número de beneficiarios de la Ley de Dependencia bajó en noviembre. Según los últimos datos de gestión del sistema, del 1 de diciembre, al finalizar el mes pasado 741.713 personas recibían una prestación, 742 menos que al finalizar el mes de octubre. El descenso en el número de beneficiarios, que ya se produjo en octubre en Aragón, País Valencià y Navarra, se ha dado también ahora en Andalucía, Asturias, Balears, Extremadura, Madrid, Murcia, La Rioja y Ceuta y Melilla.

Los sindicatos y los trabajadores del sector llevan meses alertando de que las autonomías dan salida a cuentagotas a las solicitudes que les llegan. Retrasando la evaluación de los dependientes y gestionando de forma lenta sus expedientes consiguen atrasar el pago de las ayudas de forma encubierta, denuncian. Además, fuentes del sector llevan meses denunciando que en varias autonomías, de distinto signo político, hasta que no se da de baja a un dependiente (porque fallece), no se introduce a otro en el sistema. La situación se ha agudizado de la mano de la crisis económica.

Las plataformas en defensa de la Ley de Dependencia destacan también que 312.224 personas continúan en el limbo de la dependencia, es decir, que se les ha reconocido el derecho a recibir una ayuda pero las autonomías aún no la ha hecho efectiva. Por tanto, un 33% de los 1.053.957 beneficiarios reconocidos de la norma está a la espera de recibir la ayuda.

Esta misma semana, los equipos de valoración de la dependencia de Extremadura han alertado de que la Junta ha recortado en un 83% el gasto destinado a las prestaciones de la ley. Según calculan, el recorte previsto en los nuevos presupuestos del Gobierno autonómico (PP) impedirá que 519 personas mayores dejen de ser atendidas en las residencias geriátricas de la región. Otras 1.263 personas con discapacidad ya no podrán ir a los centros especializados donde se les atendía y 1.136 menores con problemas de desarrollo ya no recibirán atención temprana.

Los afectados se manifestarán el día 17 en Valencia y el 18 en ToledoLa autonomía que más lejos ha llevado los recortes es Castilla-La Mancha, que lleva sin pagar desde el mes de septiembre a los dependientes que cobraban una paga económica. Los afectados, constituidos en plataforma, se han manifestado en varias ocasiones y volverán a salir a la calle, en Toledo, el próximo 18 de diciembre. Exigen a la presidenta de su comunidad, la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, que les pague el dinero que dejaron de recibir cuando el PP entró en el Gobierno regional tras las elecciones autonómicas de mayo. En muchos casos, la situación económica de las familias afectadas es ya insostenible.

En el País Valencià, también gobernado por el Partido Popular, las plataformas de afectados que se han constituido se manifestarán en Elche, Orihuela y Valencia el 17 de octubre. Los dependientes de la provincia de Valencia cobran sus ayudas con un mes de retraso. Los de Castellón aún no han cobrado el mes de octubre. Las plataformas valencianas, que conmemorarán los cinco años de su creación, también realizarán diversos homenajes en recuerdo de las más de 30.000 personas dependientes que fallecieron en el País Valencià 'sin haber recibido las prestaciones a las que por ley tenían derecho'.

Los dependientes temen que con la entrada del PP en el Gobierno central se paralice la Ley de Dependencia. El futuro presidente, Mariano rajoy, ya advirtió en una entrevista, cinco días antes de ganar las elecciones, de que el sistema 'no es viable'.