La primera maniobra para alejar a Iñaki Urdangarin del despacho del juez José Castro fue abortada ayer por la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público se ha opuesto a que el magistrado de Palma que se atrevió a investigar a un miembro de la familia real deje el caso en favor de la Audiencia Nacional, como pretendía la defensa del expresident balear Jaume Matas, también en la nómina de sospechosos. Según razona la Fiscalía, las pesquisas se encuentran en una fase inicial que no permite concluir que se dé uno solo de los presupuestos legales para trasladar el caso a Madrid.

El abogado de Matas, Antonio Albert, alegaba que los hechos investigados desbordan la jurisdicción del juez Castro, pero Anticorrupción considera que en el escrito del letrado sólo se apunta 'de manera un tanto vaga e imprecisa' la posibilidad de que 'tengan ramificaciones en Balears, País Valencià y Barcelona'. 'Es una mera suposición', dice la Fiscalía en el informe presentado ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.

El expresident defiende que el caso supera los límites de Illes Balears

En ese mismo informe, el fiscal enumera los presupuestos que harían competente a la Audiencia Nacional para investigar el desvío de fondos desde la ONG que presidió Iñaki Urdangarin entre 2004 y 2006. Esto es, que el fraude tuviera 'una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil o la economía nacional' o que el presunto delito afectara a 'una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia'. Y, a continuación, vuelve a negar que en estos momentos se dé cualquiera de ellos.

Los fiscales se apoyan en jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre ella un auto de septiembre de 2004 por el que se devolvió un caso a un juzgado de instrucción territorial que antes se había inhibido en favor de los centrales porque el sospechoso había defraudado a Hacienda alrededor de 21 millones de euros. 'En el presente caso, la cantidad defraudada no se acerca ni con mucho a dicha cifra', dice Anticorrupción en su informe.

El Ministerio Público dice que, por ahora, eso es 'una mera suposición'

La investigación sobre Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres es una pieza separada del caso Palma Arena, instruido igualmente por el juez Castro. En la pieza troncal, el magistrado acusa a Jaume Matas y a algunos de sus colaboradores de haber saqueado las arcas públicas a cuenta de la construcción del velódromo Palma Arena. En abril de 2010, Castro dictó un auto en el que desvelaba las prácticas del exministro de José María Aznar, dibujando una suerte de manual del perfecto corrupto. No es extraño, por tanto, que Matas y su defensa lleven casi dos años intentando sin éxito desprenderse del juez José Castro.

Según avanzaba la investigación, el caso Palma Arena se convertía en un voluminoso dossier con varias ramificaciones. Una de ellas nacía de los contratos firmados por el Govern balear con el Instituto Nóos para la organización de un congreso sobre turismo y deporte. El pasado 7 de noviembre, Castro aseguraba en un auto que Urdangarin y Torres eran sospechosos de haber utilizado la organización sin ánimo de lucro para obtener exorbitantes contratos de empresas y distintas adminis-traciones cuyo importe acababa en empresas controladas por ellos mismos a través de una compleja madeja societaria. Su modus operandi pasaba por firmar contratos ficticios con esas empresas por servicios que nunca realizaban y desviar el dinero, incluso, a paraísos fiscales.

La lista de investigados se divide en dos grupos principales: Urdangarin, Torres y sus colaboradores, de un lado, y los cargos de la Administración que colaboraban presuntamente en esta práctica de otro, entre estos, Jaume Matas. Desde que apareció su nombre en la lista de 14 investigados, la estrategia del expresident ha consistido en negar responsabilidad directa en la firma de los contratos con Nóos se limitó a dar 'su visto bueno en términos políticos' y en presentarse como el primer interesado en que se aclare a dónde fueron los fondos públicos que su Gobierno otorgó, según él, de buena fe.

El duque obtuvo 2,3 millones del Govern balear tras reunirse con él

A principios de 2005, Urdangarin y Torres entraron en contacto con el excampeón olímpico de vela José Luis Pepote Ballester, por aquel entonces director general de Deportes del Govern. Pretendían organizar un congreso sobre turismo y deporte en Illes Balears a imagen y semejanza del que ya habían organizado el año anterior en otra comunidad gobernada por el PP, País Valencià. Para ello se reunieron con Ballester y el propio Matas en distintas ocasiones. En marzo, la ONG ya tenía adjudicado la organización del Forum Illes Balears sin proceso admi-nistrativo alguno. El monto: 1,2 millones de euros.

Al año siguiente, las mismas partes repitieron la operación por un importe de 1,1 millones de euros, pero los socialistas baleares comenzaron a pedir cuentas y explicaciones y Urdangarin abandonó la Presidencia del Instituto Nóos y fichó por Telefónica, aunque, según ha desvelado la investigación, nunca se desvinculó de la trama.

En el caso de que el juez Ismael Moreno avale el informe de Anticorrupción y decida que el caso debe seguir en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, la defensa de Jaume Matas puede recurrir a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Público reveló ayer que Hacienda cifra en 16,06 millones de euros el total que el holding de Urdangarin y Torres facturaron a 103 entidades. Un 40% de ese total procedían de las arcas públicas.