El expresidente valenciano Francisco Camps puede respirar tranquilo. Aunque le condenen por corrupción en el juicio del caso de los trajes que comenzará el 12 de diciembre mantendrá su coche oficial, su chófer y su secretaria. Tampoco perderá su puesto de consejero nato en el Consell Jurídic Consultiu, institución pública valenciana, por el que cobra unos 57.000 euros anuales y que conservará, si él quiere, durante los próximos 15 años. Su dimisión el pasado verano por su imputación en el caso Gürtel no fue óbice para que Camps solicitara y le fueran concedidas todas estas prerrogativas, que son las establecidas en el Estatuto de los Expresidentes de la Generalitat Valenciana.

Ayer su partido se aseguró de que estos privilegios queden blindados, de forma que ni siquiera una sentencia condenatoria servirá para descabalgar a Camps del uso y disfrute de cargos y bienes pagados con dinero público. El PP valenciano votó en contra de una propuesta del grupo Compromís, que pidió que un expresidente 'que sea condenado por sentencia firme por un delito contra la Administración pública (...) ocurrido durante su mandato' sea automáticamente desposeído de los privilegios que la ley dispone para los exmandatarios valencianos. Para ello, Compromís propuso una modificación de la Ley del Estatuto de los Expresidentes. Encontró el apoyo del resto de los grupos de la oposición, PSOE e IU. Pero la mayoría absoluta del PP impidió que la propuesta fuera aprobada.

Camps disfruta desde su dimisión de coche oficial, sueldo, chófer y secretaria

El Estatuto, dijo el diputado conservador José Marí, sirve para 'dignificar a aquellos que han representado a tan altas instituciones'. Es, añadió, un 'reconocimiento del pueblo hacia quienes el mismo pueblo ha elegido para gobernar'. Marí afirmó que Compromís pretende, 'lisa y llanamente, establecer una pena no prevista en el Código Penal', a lo que se opuso; 'nosotros no somos el legislador penal', señaló

También el Gobierno valenciano se negó ayer a desposeer a los expresidentes corruptos de sus privilegios. El Ejecutivo, que mantiene los mismos componentes que Camps nombró en junio a excepción del nuevo presidente, tenía que opinar sobre la propuesta porque así lo dispone el Reglamento de Les Corts. Y su pronunciamiento fue claramente desfavorable.

Compromís pidió que se acaben las prerrogativas para los delincuentes'

El documento, firmado por la que fue mano derecha de Camps en el Gobierno regional, la vicepresidenta Paula Sánchez de León, abundó en el argumento de que el Código Penal es el encargado de penar los delitos. De León también recordó la necesidad de mantener el 'respeto institucional hacia todos aquellos que han dedicado parte de su vida a asumir, con dedicación, orgullo y esfuerzo, las altas responsabilidades que supone la presidencia de la Generalitat'.

La diputada de Compromís Mónica Oltra fue la encargada de enfrentar todas estas palabras altisonantes con la realidad judicial del PP valenciano. En el propio grupo parlamentario popular hay seis imputados por el caso Gürtel. Otros dos diputados están presuntamente implicados en el caso Brugal. Oltra recordó que Víctor Campos, exvicepresidente de la Generalitat, se autoinculpó en julio de cohecho pasivo impropio, el mismo delito por el que Camps será juzgado y por el que se expone a un máximo de 49.500 euros de multa.

Por lo tanto, 'ya hay un exvicepresidente que es un delincuente', afirmó Oltra. 'Nosotros no queremos restringir las prerrogativas a los expresidentes', concluyó la diputada, 'lo que queremos es restringirlas a los delincuentes'. Compromís también pidió que los exmandatarios que trabajen como asesores o directivos de empresas sean asimismo desposeídos de sus privilegios. El PP también votó en contra porque, afirmaron, en ninguna otra comunidad autónoma existe esta incompatibilidad.