El Gobierno vasco de Patxi López planea apretar el cinturón del funcionariado con la aplicación en la Administración Pública vasca, en 2012, de seis medidas concretas, como la suspensión de las primas por jubilación voluntaria. El fin del plan es ahorrar 100 millones de euros el próximo año dentro de la contención del gasto seguida por la crisis.

El viceconsejero vasco de Función Pública, Juan Carlos Ramos, presentó ayer el paquete de medidas en la mesa de negociación, a los tres días de las elecciones generales y tan sólo un día después de que el president de la Generalitat, Artur Mas (CiU), anunciara su propio plan de recortes.

En esta coyuntura, una de las explicaciones que ofreció Ramos fue para marcar distancias respecto al Govern. “Nuestra propuesta está muy alejada de lo que están haciendo otras administraciones en el resto de España: por ejemplo, el modelo de recorte catalán”, manifestó.

El Ejecutivo vasco plantea para 2012 la suspensión de las primas por jubilación voluntaria, del contrato relevo (afectaría a 365 personas) y de la opción de prórroga del servicio activo a partir de los 65 años (afectaría a 201 funcionarios). Además, propone revisar el complemento de Incapacidad Transitoria (IT) del 100% que abona en los casos de bajas y mantener la política de suspender las sustituciones para cubrir vacantes salvo que sea estrictamente necesario. Otra medida planteada para la negociación consiste en aplazar de 2012 a 2013 el pago de los pluses previstos como reconocimiento de la carrera profesional del funcionariado de Interior, Justicia, Educación y Sanidad.

Los sindicatos adelantaron ayer su rechazo al plan de recortes puesto por el Gobierno vasco encima de la mesa de negociación. Las centrales ELA y LAB habían convocado, por separado, concentraciones en el Gobierno vasco en defensa de las condiciones laborales. El representante de ELA, Igor Izagirre, aprovechó esta protesta para denunciar que las nuevas medidas anunciadas ayer por el Ejecutivo vasco suponen una pérdida “del 13%” en el poder adquisitivo de los empleados públicos, y abogó por la creación de empleo público como una medida más para hacer frente a la crisis.

CCOO de Euskadi también expresó su rechazo pleno a la “pérdida de derechos” que supone, en su opinión, el nuevo plan del Gobierno vasco porque “se vuelve a recortar a quien no tiene responsabilidad en esta crisis, los trabajadores”, y porque además “choca de frente” con su apuesta por el mantenimiento y la ampliación del empleo público.