La constatación ayer por parte del candidato del PP a las elecciones, Mariano Rajoy, de que si gana el 20-N, la Ley de Dependencia sufrirá recortes ha desatado las críticas de los dependientes y los trabajadores sociales. La Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia ha convocado hoy concentraciones en varias ciudades al considerar que las palabras de Rajoy pueden dejarles en manos de 'la caridad', sin el derecho subjetivo que se aprobó por ley en 2007.

Las personas dependientes de Castilla-La Mancha, que llevan meses denunciando el impago de la Junta, desde que entró en el poder la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, se concentrarán en Toledo a las seis de la tarde. En Valencia, la protesta será a mediodía. Los dependientes también saldrán a la calle en otras ciudades, como Alicante y Orihuela. Las plataformas han convocado a las asociaciones de personas con discapacidad, a las organizaciones sociales, sindicatos y a los partidos políticos. Recuerdan que el recorte afectará a toda la sociedad.

Además, la coordinadora de las plataformas de dependientes exigió a Rajoy 'una rectificación inmediata'. 'Principalmente porque el reconocimiento de un derecho social como el que nos ocupa nunca puede someterse a la lógica del cálculo coste-beneficio', dijeron en un comunicado.

Las plataformas exigieron a Rajoy que 'documente sólidamente sus declaraciones o guarde silencio'. El presidente del PP aseguró en una entrevista a El País que la Ley de Dependencia es 'inviable', y por ello 'hay que hacer lo que se pueda'. Rajoy ha justificado sus declaraciones en el informe que elaboró un grupo de expertos independientes a instancias del Congreso en 2009. Si bien aconsejaban un cambio en el modelo de financiación de la ley, basándose en el tipo de ayudas que se dan y no en el grado de dependencia (una plaza en una residencia cuesta cuatro veces más que una paga al cuidador), en ningún momento se referían a su inviabilidad.

Para la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, lo que es inviable es 'abandonar a su suerte a cientos de miles de ciudadanos en situación de dependencia'. Su presidente, José Manuel Ramírez, alertó de que 'si el PP gana las elecciones y se recortan los servicios sociales, tarde o temprano se tendrá que gastar mucho más en seguridad ciudadana para vigilar la extensa frontera entre ricos y pobres'.

Por su parte, la Federación de Empresarios de la Dependencia (FED), que ayer se concentró frente a las puertas del Congreso de los Diputados en protesta por los 1.300 millones de euros que les deben las autonomías por las plazas que tienen concertadas en las residencias, recordó a Rajoy que la ley se debe cumplir.

'Hay que apostar por lo que se aprobó', insistió su presidente, Alberto Echevarría. 'Tenemos que buscar un nuevo modelo productivo. El sector de la dependencia genera puestos de trabajo y con ello retornos positivos para las arcas públicas', añadió. Un total de 742.455 personas reciben una prestación y otras 305.969 tienen el derecho reconocido y están a la espera. Desde 2009, el sistema ha creado 165.000 puestos de trabajo directos.