Las universidades públicas son muy rentables para las sociedades donde están ubicadas. De hecho, según el informe Impactos de las universidades públicas catalanas en la sociedad, presentado ayer, cada euro que se inyecta en la universidad pública supone un retorno a la sociedad de 1,8 euros. Sin embargo, ese efecto multiplicador corre peligro debido a los recortes que atenazan la universidad pública catalana. Los practicados este año ya se notan y ahora se esperan los de 2012. Los rectores llevan meses advirtiendo que la reducción de transferencias no pasará desapercibida y que tendrá efectos directos sobre la calidad del sistema. Pero también existe otro riesgo de calado e importante para la reactivación económica: que la economía generada por el mundo universitario, que se describe en el presente informe, acabe decayendo.

Y es que el 0,6% de la economía catalana se genera gracias a la actividad de sus ocho universidades públicas. Si se contabilizan las instituciones asociadas, ese peso asciende al 1%. Ese efecto multiplicador es consecuencia de la actividad económica que generan sus casi 250.000 estudiantes, sus 40.000 empleados y sus actividades vinculadas: las 2.165 empresas instaladas en sus parques científicos, una investigación que toma forma a través de las 150 peticiones de patentes registradas cada año, de los 14.700 artículos científicos publicados con un impacto un 35% superior al de la media mundial y de los más de 125 millones de euros que se facturaron a empresas privadas en concepto de servicios.

Estos centros generan el 0,6% de la economía catalana

Más allá de lucir un discurso de agravios, los rectores de las universidades catalanas quisieron dar a la comparecencia de ayer un inequívoco sentido de sacar pecho y mostrar las bondades de la universidad, si bien advirtiendo de los riesgos que suponen los ajustes presupuestarios. El informe es una retahíla de virtudes de las ocho instituciones que integran el sistema, pero también una enumeración de vicios en los que incurre la Administración a la hora de mantener la calidad del servicio, básicamente vinculados a la insuficiente financiación. Y una advertencia implícita: si las tijeras siguen como el último año, peligra también la función universitaria como 'ascensor social', ese fenómeno que, impulsado por determinados estímulos, permite a algunos ciudadanos promocionarse en el ámbito, social, cultural y económico.

La Associació Catalana d'Universitats Públiques (Acup) pone énfasis en la función que han desempeñado en los últimos lustros los centros públicos para permitir esa compactación de estratos sociales. La referencia más clara es que un 40% de los estudiantes que cursan un grado universitario en Catalunya provienen de familias que nunca pisaron la universidad, un porcentaje que cobra relevancia al estar en lo más alto de la media de la OCDE. Asimismo, la universidad se ha convertido en un lugar donde se ha formalizado como en ningún otro la paridad de géneros: en 1973 sólo un 37% de los alumnos eran mujeres mientras que ahora lo son un 54%.

Pero todo ese beneficio social corre peligro si se agudizan algunos problemas estructurales del sistema. Por ejemplo, si no se mejora la inversión en educación superior, que en 2007 tan sólo supuso el 1,09% del PIB catalán en España es del 1,15% y en Suecia del 1,57%. O si no se potencia el sistema de becas, al cual sólo se destina un 8,2% de la partida global de la educación los estados miembros de la OCDE inyectan a ese capítulo un 17,3% de promedio. El estudio presentado ayer denuncia que un 80% de los estudiantes en todos sus ciclos se quedan fuera de las ayudas para estudiar. De quienes las solicitan, sólo las reciben un 39%. Esa exclusión forzada del sistema de becas, sumada a la incapacidad de las universidades para cuadrar el presupuesto y al encarecimiento de las tasas, es el mayor riesgo que corre la universidad pública para poder garantizar la cohesión social que menciona el informe. El rector de la Universitat de Barcelona y presidente de la Acup, Dídac Ramírez, destacó ayer las aportaciones de la educación superior a la sociedad, destacó su 'alta eficiencia' y la puso como argumento para generar 'un debate profundo y serio'. En el contexto actual, la intencionalidad política del informe queda fuera de toda duda.

La escasez de becas y el alza de tarifas dificulta la función social

También es fácil de interpretar el motivo de la inclusión en el informe de un estudio académico sobre el sistema universitario en el que coparticipó Andreu Mas-Colell, conseller responsable del área de Universidades. 'Así, por ejemplo recoge el documento, Aghion, Dewatripont, Mas-Colell y Sapir (2008-2009) indican que, para que las universidades europeas hagan un salto en calidad y se encuentren en condiciones de competir con las norteamericanas, habría que incrementar la financiación haciendo crecer el gasto anual en educación superior un 1% del PIB de la UE en los próximos diez años'. En 2011 la Generalitat ha reducido un 15% sus aportaciones a las universidades y se espera un 5% adicional el próximo año.

Más allá de la cita, Ramírez afirmó que 'los recortes del Govern no son totalmente congruentes con su discurso político'. 'Esperamos que formen parte de la situación de emergencia financiera y no respondan a un cambio de modelo que acabe desperdiciando a las universidades', dijo.

Los rectores piden más recursos y alertan de la pérdida de calidad

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, se puso del lado de los máximos responsables universitarios por los recortes, si bien admitió que no podía entrometerse en cómo aplicaba su 'autogobierno' la Generalitat.

Mas-Colell no rehuyó el envite. Confesó que la velocidad para asumir los recortes está siendo lo más duro, porque toca el 'músculo' de las instituciones, pero reiteró que el ajuste es de obligado cumplimiento. El conseller, que emplazó a los rectores a anteponer el 'diálogo' a la 'discusión', se dirigió al próximo Gobierno español para reclamar el máximo de libertad para aplicar ajustes.

Por otro lado, el documento asegura que la tasa de empleo de los graduados es del 80%, si bien no siempre el empleo casa con los conocimientos desarrollados durante la carrera. Ese encaje es, sin embargo, mucho más complicado entre los doctorados 1.500 al año, entre los que se detectan problemas para conseguir trabajo. La inserción laboral se limita al 16% de los casos, un dato muy inferior al que muestra Estados Unidos: un 44%.

En cualquier caso, las universidades son conscientes de que deberán introducir cambios. Sobre todo deberán optar por la especialización 'en ámbitos educativos concretos y también en ámbitos de investigación, innovación y transferencia', al igual que habrá centros orientados a la empresa, a los idiomas o la enseñanza.