El delfín de Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, se enfrenta desde ayer a un juicio por prevaricación urbanística que amenaza con apartarlo de la política. Jorge Bellver, teniente de alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, escuchó ayer desde el banquillo de los acusados la pena que el fiscal pide para él: 32.400 euros de multa y ocho años y medio de inhabilitación para ejercer un cargo público. Barberá acompañó a su concejal hasta el juzgado en señal de apoyo. Junto a Bellver comparecen ante el juez cuatro funcionarios acusados del mismo presunto delito.

Todos están acusados de saltarse un trámite en la autorización de un aparcamiento subterráneo a tres metros de un jardín histórico, protegido como Bien de Interés Cultural. Las obras se aprobaron en 2004 y corrieron a cargo de dos empresas. Una de ellas era la de Enrique Ortiz,imputado en la trama de presunta corrupción Brugal, y supuestamente relacionado también con el caso Gürtel.

El trámite que Bellver no cumplió es la petición de un informe a la Conselleria de Cultura. Este paso es obligatorio según la ley. De hecho, el propio Ayuntamiento cumplió con esta exigencia administrativa en una obra anterior al aparcamiento, la de ampliación de una clínica. En esa ocasión, el consistorio consultó con Cultura y sólo consiguió su aprobación cuando introdujo en el proyecto las correcciones que aquel departamento exigía.

Ayer, Bellver pretendió demostrar que su intención no era la de quebrantar la ley. Para ello, afirmó que no sabía que el jardín es Bien de Interés Protegido, pese a que ostenta esta condición desde 1941. También derivó la posible responsabilidad hacia sus subordinados, al afirmar que si estampó su firma en el expediente, fue porque todos los informes de los técnicos que lo habían tramitado eran favorables. Otra de las estrategias de la defensa del concejal fue tratar de demostrar que no dio ninguna indicación a los funcionarios para que se saltaran el trámite. Con este objetivo, su abogada preguntó a cada uno de los acusados si habían recibido alguna orden de Bellver al respecto; todos contestaron que no.

Precisamente ayer el constructor Enrique Ortiz sufrió un revés judicial en una de las investigaciones judiciales que le salpican. El juez que investiga el caso Brugal en Alicante validó todas las escuchas del caso, pese a que el empresario y su esposa, entre otros imputados, habían solicitado que se anularan. La Fiscalía Anticorrupción acusa a Ortiz de obtener información privilegiada sobre la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana de la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo (PP). A cambio, supuestamente, le hizo regalos y favores.