Los trajes pagados por la trama Gürtel con Francisco Camps como presunto destinatario eran tan baratos que su aceptación, de haberse producido, jamás merecería la consideración de delictiva. A ese argumento sobre unas prendas que costaron 14.000 euros (casi dos millones y medio de las antiguas pesetas) llega a recurrir el expresident de la Generalitat Valenciana en el escrito de alegaciones presentado como último cartucho para evitar un juicio por soborno.

En un esfuerzo por demostrar que Camps compra ropa mejor y más cara que aquella a la que todos los indicios señalan como regaladas por la red corrupta, el escrito de alegaciones pide esto: que en el juicio declaren como testigos dos sucesivos jefes de planta de los grandes almacenes donde suele renovar su vestuario el expresident y exjefe de filas del PP valenciano.

En las alegaciones, el letrado de Camps despliega con amplitud la tesis de que el siempre hipotético regalo de los trajes constituye algo baladí a efectos penales. Y lo hace así: 'Resulta grotesco entender que la existencia de unas cuantas prendas de vestir supuestamente facilitadas a mi representado durante cuatro años, siendo estas de escaso valor y relevancia, cuya existencia y/o uso además no se ha probado [...], puedan entenderse de provecho para el acusado'.

La defensa de Camps define las prendas como de 'escaso valor y relevancia'

Y si no hubo provecho, aduce el letrado, tampoco cabe hablar de infracción penal porque la nueva redacción que el Código Penal da al delito de cohecho pasivo castiga al funcionario o alto cargo que, 'en provecho propio o de un tercero', acepta dádivas que le son ofrecidas en función de su puesto oficial.

Como argumento novedoso aparece en el escrito el de que no se ha acreditado que Camps usara las chaquetas y pantalones abonados por la misma red corrupta cuyas empresas captaron más de 14 millones en contratos. Hasta ahora, el expresident se había limitado a remachar que fue él y solo él quien pagó las prendas. Pero, hasta que el juez instructor, José Flors, ordenó el 15 de julio la apertura de juicio con jurado, Camps siempre confió en que el caso quedaría en agua de borrajas. Ahora, su posición resulta mucho más complicada toda vez que dos de los otros tres procesados por aceptar regalos de la trama han recibido una condena a petición propia previo reconocimiento de delito: el mismo atribuido a Camps, aunque su abogado recalca en las alegaciones que se trata de asuntos diferentes.

Camps apura el argumento de la insignificancia de los trajes hasta el punto de que su abogado reprocha al juez que no explicase en el auto de apertura de juicio por qué cree que aceptar prendas de vestir regaladas implica cometer el delito de cohecho pasivo. Sobre el escrito planea el espíritu de la analogía acuñada por Rita Barberá cuando comparó regalar trajes con enviar una lata de anchoas por Navidad.

El abogado del expresident no sólo lanza ese reproche al juez. Hay otro más grave: el de que, al dictar la apertura de juicio, vulneró el derecho constitucional de su cliente a la tutela judicial efectiva. 'Por tanto, refleja el escrito podemos concluir que el auto de 15 de julio de 2011 vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de mi mandante, al no contener razonamiento, justificación, explicación o exposición alguna acerca de por qué se ha decidido que determinadas prendas de vestir, que deben concretarse con un determinado precio, son dádiva a efectos del artículo 426 del Código Penal y por ello se completan los elementos del tipo y de todo ello se sigue la apertura del juicio oral'.

Es en este mismo escrito donde Camps sostiene que debe juzgarle el Supremo y no un jurado popular porque, de existir delito, se cometió en Madrid, la ciudad donde los trajes fueron adquiridos por la trama.

Sobre las alegaciones formuladas por la defensa de Camps deberá pronunciarse el magistrado del Tribunal Superior valenciano (TSJCV) Juan Climent, presidente del jurado que ha de juzgar a Camps. En principio, Climent resolverá antes de que finalice el mes. Será entonces cuando se conozca en qué fecha se sentarán en el banquillo Camps y el otro procesado que se negó a declararse culpable, Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano.

Aunque el abogado de Camps subraya las diferencias entre las circunstancias de su cliente y las de los otros tres procesados, lo cierto es que en el caso hay un mismo patrón: cuatro altos cargos que reciben regalos de varios individuos conectados a un conglomerado empresarial beneficiario de múltiples contratos públicos.

Cuando Climent dictó la condena anticipada de los dos procesados que habían confesado su culpa para evitar el banquillo -el exvicepresident Víctor Camps y el ex alto cargo Rafael Betoret-,subrayó que la entrega de prendas de vestir se produjo en Valencia. Es en el momento de la aceptación de dádivas cuando se perpetra el delito de cohecho pasivo, con independencia de dónde se adquiriese el regalo.

El hecho de que Climent recalcase ese extremo es un mal augurio para Camps. Su abogado enfatiza que en el sumario no hay ninguna prueba o indicio de que los regalos se hiciesen en Valencia.