Ha empezado a dar sus frutos, pero la inmersión lingüística tiene todavía recorrido. Aunque la polémica sobre el auto del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que pedía modificar el modelo escolar catalán está en suspenso, el Govern aprovechó ayer para aportar datos que apoyan la necesidad de mantener la denominada escuela catalana en lengua y contenidos. El dominio del catalán en la calle está a años luz del castellano. El 88% de la población asegura tener un alto nivel de conocimiento (entenderlo, hablarlo, leerlo y escribirlo), un porcentaje que casi duplica el del catalán (45%). Y eso que la estadística ha mejorado con el paso del tiempo por el peso de las personas que han cursado la enseñanza obligatoria en catalán: el 97% de los menores de 19 años dicen saber escribirlo.

Pese a todo, la Generalitat certificó ayer un buen estado de salud de su lengua propia. No porque sea mayoritaria, ya que todavía está lejos de los datos de conocimiento y uso que sí mantiene el castellano. Más bien porque tres décadas de política lingüística han dado paso a un avance del catalán en forma de mancha de aceite. Una estadística muestra más que ninguna otra esa evolución: el 13% de la población castellanohablante ha adoptado el catalán como lengua propia y habitual. Unas 800.000 personas, en total.

Las dudas residen, no obstante, en la futura capacidad de impregnación que pueda tener la lengua oficial de Catalunya (según el Estatut) en los niveles de permeabilidad social y en la discriminación (también positiva) por parte de la Administración. El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, fue ayer claro en ese sentido. Reclamó a las instituciones del Estado que se olviden de 'combatir' el catalán y subrayó que el Govern no hace 'progresar el catalán contra nada y contra nadie'.

Mascarell lamentó la posición que han tomado las instituciones del Estado, a las que instó a tener 'la misma buena predisposición' con el castellano que con el resto de lenguas del Estado. Incluía también el aranés, la última en recibir un aldabonazo de la Justicia: el Constitucional ha frenado la ley que lo protege.

La Generalitat utilizó su informe anual de política lingüística como escudo ante la polémica abierta por el Tribunal Constitucional y el Supremo en 2010, avivada por el Superior de Justicia catalán hace escasas semanas. Mascarell, desde el Parlament, avisó de que no habrá cambios.

Las multas, por ejemplo, seguirán como instrumento de presión, pese a que Mascarell dejó claras sus prioridades: primero intentar el pacto y, si no hay posibilidades de acuerdo, utilizar medidas coercitivas. 'La política de sanciones es buena si no hay consenso', dijo en un claro aviso a productores y distribuidores cinematográficos, sus interlocutores en el desarrollo de la Ley del Cine, que obliga a doblar al catalán la mitad de los estrenos. En materia comercial, el año pasado la Generalitat dictó 233 expedientes sancionadores (un 54% más que un año antes).