El magistrado Enrique López, que ha desempeñado un papel clave para mantener vivo el caso Faisán en la Audiencia Nacional, participó entre 2003 y 2008 en un mínimo de 53 seminarios a puerta cerrada organizados por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), vinculada al Partido Popular (PP) y presidida por José María Aznar. El PP está personado en el caso Faisán como acusación popular y el promotor de la personación, Federico Trillo, coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP, es vocal del patronato de FAES al menos desde 2003, el año en que el partido convirtió la entidad en su macrofundación.

Pese a ello, López no sólo no se ha inhibido nunca en el caso, sino que en febrero de 2010, apenas tres meses después de que se aceptara la personación del PP, firmó un auto como miembro de la sala que aborda los recursos a la instrucción del juez Baltasar Garzón, primero, y Pablo Ruz, ahora en el que consideró que los hechos investigados 'adquieren una gravedad sin precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo en España', en línea con las tesis defendidas por FAES y el Partido Popular. El auto también abogaba por una investigación 'más allá de lo normal' y con un 'especial celo'.

La fundación del PP y el magistrado declinan detallar las retribuciones

En abril de 2011, a las puertas de las elecciones municipales y autonómicas, López no se integró en el tribunal que debía resolver otro recurso, pero varias fuentes jurídicas subrayan que mantuvo una actividad frenética entre bambalinas para lograr que el caso, elegido por el PP como una de sus banderas de campaña contra el PSOE y Alfredo Pérez Rubalcaba, se mantuviera en la Audiencia Nacional, como sucedió. El auto resultante, del que fue ponente Julio de Diego, muy próximo a López, abrió las puertas al posterior procesamiento 'por colaboración con ETA' de dos agentes con larga trayectoria en la lucha antiterrorista Enrique Pamiés y José María Ballesteros y del exdirector general de la Policía Víctor García Hidalgo.

Y esta semana, a sólo dos meses de unas elecciones generales en las que el caso Faisán tiene un peso aún mayor en el argumentario de campaña del PP porque el candidato socialista es Rubalcaba, exministro del Interior; López es uno de los magistrados que integrará el pleno de la Sala de lo Penal, que se reunirá a partir de mañana convocado por su presidente, Javier Gómez Bermúdez, para decidir si puede mantenerse o no la imputación por 'colaboración con banda armada'. Si se mantiene, el dossier seguiría en la Audiencia. En caso contrario, se trasladaría al juzgado de Irún y ya sin esta explosiva imputación.

Los seminarios de FAES han criticado virulentamente el diálogo con ETA

Un portavoz de FAES rehusó detallar la retribución percibida por López por su participación en los 53 seminarios de la fundación esgrimiendo que lo impide la Ley de Protección de Datos. El magistrado también ha declinado contestar a las preguntas planteadas por Público.

En la reciente declaración pública de bienes y rentas en el Congreso, algunos parlamentarios del PP han citado su participación retribuida en seminarios de FAES, aunque los emolumentos concretos se agrupan en partidas más amplias.

La estrecha colaboración de López con FAES no se limitó a la asistencia en seminarios, sino que también ejerció en ocasiones de coordinador de seminario y de ponente. Y en 2005, el magistrado fue uno de los expertos que participaron en unas jornadas intensivas de tres días que se celebraron en Sevilla.

Propuesto por el PP, su nombre mantiene bloqueada la renovación del TC

Los seminarios son uno de los elementos centrales en el proceso de 'generar ideas' para la fundación del PP. En palabras de la entidad: 'FAES organiza seminarios donde participan un reducido número de personas, ya sean expertos, profesores, empresarios o políticos. Los seminarios se celebran a puerta cerrada. Un ponente somete un asunto a debate entre los asistentes. Sus conclusiones quedan a disposición de la fundación, en ocasiones para su publicación física o electrónica'.

Por los debates a puerta cerrada de FAES han pasado puntualmente expertos que no son cercanos al PP. Pero López se convirtió en un fijo desde 2003 hasta 2008, mientras fue portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), adonde llegó aupado también por la derecha

A finales de 2008, el magistrado se incorporó a su plaza de la Audiencia Nacional, que había logrado en 2005 siendo portavoz del órgano de gobierno de los jueces. Y desde entonces el PP lo viene postulando candidato al Tribunal Constitucional. A pesar de que el Senado ha dictaminado que no cumple los requisitos técnicos para acceder al Alto Tribunal, el PP ha mantenido su candidatura como condición sine qua non para su renovación, lo que explica en parte el bloqueo de la institución.

La última memoria editada por FAES es la de 2009. Y la última asistencia de López en seminarios de la fundación, según las memorias de la entidad hasta ese año, se remonta a junio de 2008, coincidiendo con el fin de su etapa en el CGPJ.

La participación más activa del magistrado en seminarios de FAES fue en los años 2005 y 2007, siendo ya juez de la Audiencia Nacional en servicios especiales en el CGPJ, a un ritmo de uno por mes. Y su actividad se centró sobre todo en el área de Constitución e Instituciones. Las conclusiones de FAES, tras los seminarios organizados, fueron de crítica virulenta al proceso de diálogo con ETA impulsado por el Gobierno del PSOE mientras duró la tregua.

En 2007, por ejemplo, López participó en cuatro seminarios dedicados al modelo de Estado con el título conjunto de Un proyecto de ruptura en ejecución, celebrados entre el 1 y el 20 de marzo. Y entre las conclusiones de los trabajos de ese año que FAES incluyó en su memoria, la fundación insistió en que 'las políticas antiterroristas siguen siendo una prioridad' del área que contó durante cinco años con el magistrado como colaborador habitual.

El texto del área de Constitución e Instituciones publicado en la memoria de 2007 concluye así: 'ETA capitaliza una estrategia partidista del Gobierno basada en la ruptura del consenso de Estado en la política antiterrorista y el desmantelamiento de hecho del conjunto de medidas políticas y legales que anunciaban la derrota de ETA y la inviabilidad radical de sus pretensiones, incluida la de legitimar su trayectoria criminal'.

Fuentes jurídicas le sitúan detrás del auto de procesamiento del caso 'Faisán'

La presión política sobre el caso Faisán fue precisamente la base del histórico voto particular que el magistrado progresista José Ricardo de Prada redactó ante el auto del pasado abril, que mantuvo el caso en la Audiencia Nacional. De Prada alertó de la 'instrumentalización política del caso' y del intento, a su juicio, de criminalizar el diálogo con ETA.

'Llena de sorpresa a este magistrado, y no encuentra explicación jurídica convincente alguna, que sea esta la primera causa penal en la historia de España que por hechos de esta naturaleza se incoe', escribió De Prada. Y también: 'Se refiere a un asunto fuertemente politizado en el que de una manera manifiesta se está tratando de cuestionar políticamente un proceso de paz'.

La Fiscalía, partidaria de trasladar el caso a Irún al descartar la colaboración con banda armada, también emitió en abril una nota sin precedentes, respaldada por unanimidad por la Junta de Fiscales de la Audiencia Nacional, en la que denunció el sesgo político de la campaña del Faisán y la judicialización del diálogo del Gobierno del PSOE con ETA.

El PP no se ha limitado a personarse como acusación popular, sino que ha considerado el caso una prioridad política también en el Congreso, especialmente desde que, en octubre de 2010, Rubalcaba ascendió a vicepresidente y aspirante in péctore a suceder a José Luis Rodríguez Zapatero como rival de Mariano Rajoy, presidente del PP y vocal del patronato de FAES. El registro de actividad del Congreso revela hasta qué punto el PP ha considerado prioritario el caso Faisán: ha presentado más de 300 preguntas parlamentarias al respecto y ha interrogado más de 40 veces en pleno, la mayoría a Rubalcaba.

La ofensiva ha sido también intensa en el terreno de las declaraciones, con la participación activa de miembros muy destacados del patronato de FAES, con el punto de mira siempre sobre el candidato socialista.

El propio Aznar, presidente de FAES, ha comparado el caso Faisán con el GAL. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha declarado que 'el chivatazo a ETA supone una alta traición que debería invalidar a Rubalcaba como candidato'. 'Rubalcaba está inhabilitado para cualquier cargo público y para pedir la confianza de los españoles', ha agregado la portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría. 'El Faisán va a asar a fuego lento a Rubalcaba', ha insistido Jaime Ignacio del Burgo. Todos son patronos de FAES.

'No se me ocurre nadie más que él [Rubalcaba] para dar órdenes como las que se han dado en el tema del chivatazo', ha afirmado Federico Trillo, cerebro de la estrategia judicial que llevó al PP a personarse en el caso Faisán. Y también a recusar con éxito al magistrado del Constitucional Pablo Pérez Tremps en la sentencia del Estatut porque el jurista había elaborado un estudio académico para la Generalitat en la época de Jordi Pujol. Tras presentar esa recusación, en agosto de 2006, Enrique López, el magistrado que iba a ser la clave del caso Faisán, ya había participado en 34 seminarios de FAES. Y aún lo haría en otras 19 ocasiones antes de redactar su auto considerando el caso 'de una gravedad sin precedentes'.

Joseba Elosua, dueño del bar Faisán y colaborador de ETA, recibió el 4 de mayo de 2006 la visita en su establecimiento de una persona que le pasó un móvil. La banda había declarado una tregua el 24 de marzo. Una voz al otro lado de la línea le comunicó que iba a producirse una operación contra el aparato de extorsión de ETA si, tal y como tenía previsto Elosua, se reunía en Irún con un etarra. La operación se frustró. Según la investigación del juez Grande-Marlaska, había tres implicados: el inspector José María Ballesteros que entró supuestamente en el Faisán y pasó el móvil a Elosua; el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés la persona que presuntamente estaba al otro lado del móvil; y el director general de la Policía, Víctor Hidalgo. Un mes y medio después se puso en marcha de nuevo la operación, impulsada por el juez Fernando Grande-Marlaska y la magistrada francesa Laurence Le Vert, los mismos que la habían dirigido semanas antes, que culminó con 12 detenciones.