La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, ha anunciado en el pleno del Congreso de los Diputados que ha solicitado al Ministerio de Justicia que estudie 'con toda seriedad y rigor' la inclusión del despilfarro público como delito en el Código Penal.

A esta cuestión se ha referido Cava de Llano al terminar su intervención ante los diputados presentes en la Cámara, un tema que, según ha dicho, 'escandaliza profundamente, y con razón, a los ciudadanos'.

'Es un tema que es un clamor en la calle y les advierto de que no voy a mirar a nadie, absolutamente a nadie porque el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra', ha continuado la Defensora.

Se trata, ha insistido, del 'dinero de todos obtenido por las administraciones públicas de los impuestos que gravan la renta o el consumo de millones de personas. Deudas y deudas que habrán de pagar las futuras generaciones'.

'Facturas que se cuentan por centenares generadas alegremente como si el dinero que con tanto esfuerzo cuesta ganar a los trabajadores o a los empresarios o a los autónomos fuera infinito; gasto inconmensurable que generalmente no busca el lucro personal de quien lo decide pero sí su lucro político'.

La Defensora se ha preguntado si las leyes actuales son adecuadas para expresar en términos jurídicos el 'reproche social' que merecen estas conductas, que son, en su opinión, 'una de las causas determinantes de la gravísima crisis económica que padecemos'.

Es necesario, a su juicio, una reflexión sobre este asunto ya que el despilfarro público no tiene sitio en nuestro ordenamiento jurídico 'una respuesta proporciona

Unas palabras que han escuchado con atención los diputados, entre ellos Montserrat Surroca, de CiU, quien, tras criticar la situación de interinidad de la institución, se ha mostrado 'asombrada' y ha opinado que se debería tener 'más prudencia al hacer una afirmación con tanta rotundidad y con una categoría tan genérica y aportar datos'.

El resto de diputados se ha referido a las conclusiones de la memoria anual, entre ellas a las 'dilaciones en los procedimientos judiciales' y las reducciones presupuestarias, que, según Cava de Llano, 'complican aun más' la posibilidad de acometer las reformas que necesita el sistema judicial.