Cuando alguien dice ¡Ay!, el dicho popular le recomienda 'guarda para cuando no haye_SDRq. Ese es el espíritu de la norma de déficit estructural, la filosofía que un Gobierno socialista acaba de incluir en la Constitución española con el apoyo del PP y UPN. Ajustarse en vacas gordas para que, cuando el ciclo se dé la vuelta, cuando los ingresos de los impuestos caigan por la menor actividad y se disparen los gastos por los estabilizadores automáticos (prestaciones por desempleo, etc.), cuando el déficit se desboque, la suma final de gastos e ingresos a lo largo del ciclo tienda a cero. Se trata de convertir los Presupuestos Generales del Estado, y también los de las comunidades autónomas, en un corsé con forma de hucha para afrontar sin despeinarse las necesidades de gasto que provocan las contracciones de la economía.

El déficit estructural define los gastos en los que pueden incurrir las administraciones considerando la capacidad potencial de crecimiento de la economía. No la real, ni la estimada para el ejercicio, ni la que está afectada por épocas de expansión o de contracción. Es la que se podría alcanzar con el uso de los factores de producciónsin que nada les altere.

En épocas de expansión, se ahorrará para tener colchón en las crisis

Por ejemplo, dependiendo de qué organismo opine, se dice que la economía española tiene capacidad para, en situaciones normales, crecer entre un 1,5% y un 2,5% al año. Ese crecimiento permite estimar unos ingresos potenciales en base a los impuestos que generaría la actividad económica. La filosofía del déficit estructural defiende que se puede gastar siempre como si se tuviesen esos ingresos, sean luego más o sean menos, es decir, crezca la economía por encima de su potencial o (como ahora) lo haga por debajo. Los años buenos compensarán los malos. Pero para que cuadre hay que atar corto el gasto en los buenos tiempos.

Una parte de los gastos que se sacarían del déficit estructural es la partida de prestaciones por desempleo, que en los Presupuestos para este año ascienden a 30.474 millones. Aunque esta partida no podría descontarse totalmente porque también hay una parte del paro que es estructural, es decir, que siempre habrá un mínimo de tasa de desempleo aunque la economía esté en una fase de crecimiento. Según algunos expertos, esta tasa podría situarse entre el 6% y el 7%.

El nivel de deuda de España prueba que ya ha aplicado esta filosofía

Finalmente se ha decidido no fijar en la Constitución el nivel concreto de déficit estructural con el que se va atar a los gobiernos del futuro. La cifra (se ha pactado el 0,40% para todas las administraciones públicas) aparecerá en una ley orgánica posterior. Ese porcentaje se concreta en un déficit estructural del 0,26% para la Administración central y el 0,14% para las autonomías. Cuando se ingrese por encima del gasto que admiten esos porcentajes, a la hucha.

Además, como recuerda Jesús Ruiz Huerta, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, el artículo 135 que acaba de brotar en la Constitución, no sólo habla de déficit sino también de deuda. De hecho, el objetivo de la contención del gasto, incluso con superávit, sería reducir la deuda para que nunca supere los parámetros de Maastricht, es decir, el equivalente al 60% del PIB. España ya ha cumplido este principio. Después de tres años de crisis, a finales de 2010 la deuda se situó en el 60,1% del PIB, un 25% por debajo de la media europea.

Para Ruiz Huerta, la fórmula escogida ahora por España 'es un término medio entre la ley de estabilidad del PP, que exigía el equilibrio, saldo cero, anual, y la más flexible de los socialistas en 2005 y 2006, que hablaban de periodos plurianuales en los que se tendiese al déficit cero'.

Los expertos llaman la atención sobre quién dará la estimación del PIB

Fuentes del servicio de estudios de una entidad financiera destacan que el problema es quién define el crecimiento potencial. 'Si lo hace el Gobierno de turno, puede subir la estimación para gastar más'. Por eso recomiendan dos vías: que lo haga la Comisión Europea o 'como se hace en Chile, donde un grupo de expertos calcula la previsión de crecimiento potencial y la hace pública. La metodología y los expertos son acreditados por el Parlamento'.

Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda de la Universidad del País Vasco, coincide en que 'el déficit estructural provoca importantes problemas de medición'. Además, resta importancia a que una medida que entrará en vigor en 2020 pueda calmar a 'unos mercados ineficientes que están especulando y que no se han calmado por la medida del Gobierno, sino por la decisión del BCE de comprar deuda española e italiana'.