El movimiento 15-M ha reclamado el fin de la financiación estatal de la Iglesia y ha abogado por una 'Educación y Sanidad públicas de calidad'.

La propuesta, que ha sido consensuada por el grupo de trabajo de economía, se ha incluido en la web de Acampadasol. En ella reivindican la supresión de la casilla con la que los contribuyentes pueden destinar el 0,7% del IRPF a la Iglesia católica. Un apartado de la declaración de la renta en la que la Iglesia consigue beneficios aunque se marque la casilla 'fines sociales'. Así lo han denunciado los indignados, que aseguran que 'Cáritas hace campaña para que se seleccione esa opción por beneficiarle'.

Aseguran que el dinero que consiguen de las rentas voluntarias supone sólo una pequeña porción de lo que reciben por parte del Estado. Los indignados han cifrado que el total 'supera los 6.000 millones de euros', en su mayoría en concepto 'del mantenimiento de centros asistenciales y sanitarios'. 

El movimiento ha añadido que, con las actuales financiaciones, que en su opinión deberían correr a cargo de sus fieles, el nivel de facturación de la Iglesia se acerca al de algunas de las grandes empresas del país, como Acciona. O las supera, como a Ferrovial, cuya facturación triplica. 

En cuanto a Educación y Sanidad, el documento propone 'la supresión del concepto de colegio concertado, convirtiéndose cada centro en público puro o privado puro, según el caso' y  la 'eliminación de las subvenciones a centros sanitario/asistenciales religiosos, manteniendo la Iglesia aquellos que quiera y pueda costear con aportaciones de sus fieles y convirtiendo el resto en centros públicos adscritos al sistema público de salud, de residencias de ancianos o asignados al desarrollo de la ley de dependencia'.

Los indignados consideran que, con el argumento de que el dinero se destina a fines sociales, se efectúan unas dotaciones que constituyen 'una degradación intencionada de los servicios públicos, promoviendo las ideas neoliberales que buscan una mayor calidad en lo privado'. 

Además, han criticado 'las variadas exenciones tributarias municipales, autonómicas y estatales', que 'algunos expertos situaban en unos 900 millones de euros en 2009', y el mantenimiento público del patrimonio histórico-artístico, por el que el Estado aporta aproximadamente 200 millones al año.

A las 19:30 ha comenzado una manifestación contra la financiación pública de la visita del Papa, en la que se han producido momentos de tensión entre los asistentes a la marcha y peregrinos de las JMJ, que han dificultado el paso por Sol.