Aprovechando las vacaciones reales, los indignados de Palma de Mallorca han intentado entregar al Rey un listado de los distintos consensos alcanzados a nivel estatal por el movimiento 15-M, entre los cuales destaca la petición de una modificación de la Ley Electoral para garantizar un sistema 'auténticamente representativo y proporcional que no discrimine a ninguna fuerza política ni voluntad social, donde el voto en blanco y el voto nulo también tengan su representación en el legislativo'.

A pesar de que la policía les ha impedido el paso, medio centenar de indignados han acudido a la entrega de premios de la Copa del Rey de Vela con la intención de poder entregar al monarca el citado documento, en el que también reclaman la eliminación de los privilegios de la clase política en lo que se refiere al pago de impuestos, los años de cotización y el monto de las pensiones.

Los indignados han señalado que mediante estas reivindicaciones, pretenden hacer llegar al Rey las 'exigencias del pueblo soberano', a pesar de que indican que son 'conscientes de que el Monarca 'no tiene potestad sobre los cambios que el pueblo está exigiendo desde hace mucho tiempo y que canaliza a través del Movimiento 15-M'.

La intención de los indignados es hacer llegar al rey las 'exigencias del pueblo soberano'

No obstante, los indignados consideran que Don Juan Carlos, como 'jefe del Estado, no puede simplemente estar al margen' de estas peticiones que pretenden lograr un cambio en el sistema político, económico y social.

Entre las peticiones, destacan la celebración de referéndums 'obligatorios y vinculantes' para las cuestiones de gran calado que modifican las condiciones de vida de los ciudadanos', así como un control de las entidades bancarias, con el fin de 'prohibir cualquier tipo de rescate o inyección de capital a entidades bancarias'. De esta manera, consideran que 'aquellas entidades en dificultades deben quebrar o ser nacionalizadas para constituir una banca pública bajo control social'.

Además, reclaman la devolución a las arcas públicas por parte de los bancos de todo capital público aportado, así como la eliminación de las SICAV y un aumento del tipo impositivo a las grandes fortunas y entidades bancarias.