Secretaria, chófer y 15 años de sueldo público como miembro del Consejo Consultivo, el equivalente autonómico al Consejo de Estado. Estos son los privilegios de los que gozará el expresident de la Generalitat, Francisco Camps, tras su dimisión el 20 de julio, cinco días después del anuncio, por parte del Tribunal Superior de Justicia valenciano, de que será juzgado por soborno.

Camps se acoge así a los beneficios que le otorga el Estatuto de los Expresidentes de la Generalitat Valenciana. La disposición, fechada el 29 de julio y publicada ayer en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana, nombra a Susana Fayos Cabañero, secretaria particular de Camps cuando era jefe del Consell, como asesora con 'retribuciones equivalentes a secretaria del president'. También incluye a Francisco Campos, su chófer en la anterior etapa, como 'conductor del president'. Las dos designaciones están firmadas por Paula Sánchez de León, consejera de Presidencia, vicepresidenta del Consell y mano derecha de Camps en los meses previos a su caída. Precisamente, Sánchez calificó ayer al expresident de haber sido 'absolutamente escrupuloso y discreto en las decisiones que ha tomado', ya que no ha solicitado 'tener una oficina con cierto personal que trabaje con un despacho', tal y como permite el Estatuto de los Expresidentes.

El expresident podrá disfrutar durante 15 años de su nuevo salario

Sánchez realizó estas declaraciones tras reunirse durante una hora con el nuevo jefe del Consell, Alberto Fabra, para tratar la coordinación de las diferentes consejerías. A la salida, ambos se toparon con una decena de periodistas y Fabra declinó dar explicaciones. 'Les dejo con la vicepresidenta', espetó sobre la marcha y sin detenerse. Sánchez quedó sola bajo una lluvia de flashes e incrustada en el mismo lugar donde Camps anunció su dimisión diez días atrás. 'El president Camps...', balbuceó víctima de la costumbre o la nostalgia mientras la sombra de Fabra trepaba de dos en doslos peldaños en dirección a su despacho.

Otra de la prebendas que ofrece el Estatuto de los Expresidentes es el acceso al Consejo Jurídico Consultivo (CJC), organismo público que tiene como funciones orientar a la instituciones valencianas sobre proyectos de ley y convenios de la Generalitat con otras comunidades autónomas, entre otros aspectos. Este órgano cuenta con presidente, vicepresidente, secretario general, cuatro consejeros electos y un consejero nato: Francisco Camps. A este último cargo sólo pueden acceder los expresidentes de la Generalitat, a quienes se les permite asesorar, pero no votar. Camps es el único exjefe del Consell que ha optado por ingresar en el CJC. Ni el socialista Joan Lerma ni los conservadores Eduardo Zaplana y José Luis Olivas optaron por esta vía que otorga un suelo público durante 15 años equivalente al de un secretario autonómico, el segundo escalafón de la Administración valenciana. Camps cobrará 57.586 euros al año, apenas 16 euros menos que un consejero. 'Es un privilegio' para el CJC contar con su 'experiencia', destacó Sánchez.

Los socialistas tachan de 'ilegal' que siga siendo diputado

La noticia del ingreso de Camps al CJC provocó un diluvio de críticas. El portavoz del Grupo Socialista en Les Corts,Jorge Alarte, consideró que es 'absolutamente ilegal' que Camps compagine su escaño con su labor como miembro del CJC. 'No puede estar en el órgano que asesora para hacer las leyes y después en el órgano que las aprueba', apuntó tras notificar que pedirá al Consejo Jurídico y a los servicios jurídicos del Parlament que informen sobre 'este asunto,inaceptable en términos políticos y democráticos'.

El líder de los socialistas valencianos acusó a Camps de querer parapetarse tras el aforamiento que le ofrece su escaño 'porque tiene miedo a los jueces y porque así controla a Alberto Fabra y al grupo parlamentario para que su lamentable y triste legado no se modifique'. Por último, puso como ejemplo al exsecretario delPSPV y actual miembro del CJC, Joan Ignasi Pla, quien 'no sólo dimitió de diputado, sino también de los órganos de dirección del partido'.

En la misma línea crítica se pronunció Mónica Oltra, portavoz adjunta de Compromís en Les Corts. Oltra destacó que es 'muy poco ético que Camps se dé tanta prisa al reclamar los privilegios a que tiene derecho', cuando 'lo primero' que debería haber realizado 'es dimitir por las sospechas de corrupción tan graves que hay sobre él y que lo mantienen a la espera de juicio por dejarse sobornar'. Oltra se refirió así a los presuntos regalos que el expresident recibió entre 2006 y 2009 de la Gürtel. Durante ese tiempo, las empresas de la trama corrupta obtuvieron adjudicaciones millonarias de la Generalitat. 'Camps no puede aportar nada más que su experiencia en cómo burlar las leyes', subrayó Oltra, y a continuación recordó que su grupo ha registrado una proposición para reformar la ley que regula el estatuto de los expresidentes 'para que los condenados por corrupción no gocen de ningún privilegio'.