La concentración de vecinos e indignados no impidió el desahucio de una familia en la calle de Andrade de Barcelona, en El Clot, un barrio obrero de la ciudad. Un matrimonio de origen senegalés y sus tres hijos se quedaron sin vivienda después de que efectivos de los Mossos d’Esquadra se encaramaran a una escalera y entraran al piso por el balcón. La madre, Verónica, acabó inmovilizada en el suelo y su hijo de 12 años, el único que en esos momentos estaba en el hogar, reducido con las dos manos en la espalda sujetadas por un agente.

La acción policial generó un intenso clima de tensión en la calle, donde se habían reunido unas 300 personas convocadas por la asamblea social del barrio y la asociación 500x20. Las porras volvieron a ser usadas con contundencia con quienes se negaban al desalojo o reprochaban la acción de los 50 mossos desplegados, que acudieron al barrio con una decena de furgones.

La actuación se saldó con tres heridos leves –un hombre de 52 años con una brecha en la cabeza abierta por un golpe de porra, y dos agentes– y cuarenta denunciados a los que la Policía autonómica acusa de desobediencia a la autoridad. Quince de ellos se habían encerrado en la vivienda junto a la familia y el resto estaban dispersos entre la portería y la puerta del piso para impedir el acceso a la comisión judicial que tenía que ejecutar el desahucio.

Tras la entrada de los Mossos, los manifestantes fueron obligados a salir uno a uno para instruir las denuncias. Poco después abandonaban la vivienda los miembros de la familia portando algunas bolsas con enseres personales. También se pudo ver a operarios transportando muebles y electrodomésticos de la vivienda.

La familia residía en el piso desde hace 26 años gracias a un contrato de alquiler y estaban al corriente del pago de las mensualidades, según explicaron. El origen del litigio se debe a que el propietario de la finca, Alberto Viñas Tous –que formó parte de órganos vinculados al Ministerio de Cultura durante el franquismo–, quiere encarecer de forma significativa el precio del alquiler. Su intención es situarlo en torno a los 800 euros, al considerar que el contrato no era indefinido.

El matrimonio se negó a asumir el incremento y llevó el caso a los tribunales. Vencieron en primera instancia, pero las posteriores apelaciones acabaron dándole la razón al propietario. Hasta la dura jornada que tuvieron que aguantar ayer.

La contundencia de los Mossos volvió a generar un aluvión de protestas. En un comunicado, cuatro entidades –entre ellas la Federación de Asociación de Vecinos de Barcelona y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca– reclamaron la dimisión del conseller de Interior de la Generalitat, Felip Puig, a quien acusaron de “intentar resolver los problemas sociales de Catalunya a través de la represión policial”.