La decisión del juez Pablo Ruz de procesar al socialista Víctor García Hidalgo y dos policías por revelación de secretos y colaboración con ETA en el caso Faisán ocupó ayer el centro de la bronca política entre el Gobierno y el PP, a la que se sumaron el resto de partidos.

El auto del magistrado no ha gustado a los socialistas, que lo criticaron desde el punto de vista técnico. 'Probablemente, es una suma de indicios más bien especulativos', afirmó Ramón Jáuregui. El titular del Ministerio de Presidencia expresó su 'firme convicción' de que el procesamiento será revocado en apelación. 'No puedo creer que personas que llevan toda la vida luchando contra el terrorismo y que tienen el honor de ser, incluso, víctimas de la violencia puedan ser acusadas de colaborar con el terrorismo', añadió Jáuregui. 'Es sencillamente disparatado', zanjó.

'Es una suma de indicios más bien especulativos', dice Jáuregui del auto

En la misma línea se expresó en RNE el que fuera ministro del Interior cuando se produjo el soplo a una red de extorsión de ETA. Alfredo Pérez Rubalcaba habló de 'fallos jurídicos' en los 72 folios del auto de Ruz. Y añadió que si él, ahora cabeza de lista de los socialistas a las generales, no hubiera sido ministro, no se habría producido 'un escándalo político'. El exministro insistió en que los objetivos de la operación policial frustrada por el soplo fueron finalmente detenidos.

Por su parte, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, fue tajante: 'Al igual que no hay una confabulación de médicos para matar, considero increíble que haya una confabulación de policías para colaborar con el terrorismo. Me parece injusto y no lo voy a aceptar'. En el rechazo de las 'teorías conspirativas' se situó también el PNV. Para el diputado Emilio Olabarria, acusar a los policías de colaborar con ETA es 'una paradoja intelectual rayana en la esquizofrenia o la paranoia'.

Rubalcaba habla de 'fallos jurídicos' y recuerda que la red fue desarticulada

El PP descargó ayer toda su artillería pesada contra el candidato socialista. Primero, su secretario de Comunicación, Carlos Floriano, aseguró que el caso era como el del 'GAL al revés' y acusó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de 'juego sucio contra ETA'.

Segundo, el secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Luis Ayllón, pidió a los miembros del Ejecutivo que fueran 'más respetuosos' con la separación de poderes.

Y, tercero, los conservadores lanzaron un argumentario interno donde resaltan que es 'la segunda vez que se juzga a un director general de la Guardia Civil tras el caso Roldán' que protagonizó un escándalo de corrupción en el Gobierno de Felipe González y señalan a Rubalcaba como el 'jefe directo' de los procesados.

Hasta Mariano Rajoy, que ningunea a su adversario político sin citarlo en sus intervenciones, se vio obligado a hablar de este asunto. Dijo que Rubacaba es 'libre de hacer lo que quiera', pero recordó que su obligación es 'dar explicaciones'. El dirigente conservador comentó que lo que señala el auto 'es un hecho muy grave'. 'Tienen la obligación de decir la verdad', sentenció, reclamando de nuevo explicaciones a Rubalcaba y a Camacho.