Los servicios de bicicletas públicas son una buena opción para moverse por la ciudad mientras haces deporte y sin necesidad de tener que ser propietario de una. En España, muchos de los ciudadanos de las grandes capitales disfrutan de este servicio, que varia en su calidad y sus prestaciones en dependencia del lugar donde se encuentra. Sin embargo, otras, como Madrid, todavía no disponen de este modo transporte alternativo presente en diez ciudades españolas. 

La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha elaborado un análisis de los servicios de públicos de alquiler de bicicletas implantados en muchas de las grandes ciudades de nuestro país. En él, se realiza una comparativa entre las características de la prestación de bicis en estas capitales, las cuales varían considerablemente si se tienen en cuenta factores como el tamaño de la ciudad o el tiempo que lleva implantando el servicio. 

La primera conclusión que se extrae de él, es que Barcelona es la ciudad española con mayor implantación de este sistema, al contemplar un total de 6.000 bicicletas y 420 puestos de recogida y entrega. Sin embargo, Sevilla es la que mejor proporción habitantes-bicicletas tiene, ya con 2.900 habitantes cuenta con dos por cada 242 habitantes. 

Sevilla, junto a Valencia, cuenta con otras ventajas respecto al resto de ciudades, ya que dispone de un servicio ininterrumpido 24 horas. Además, ambas tienen previsto ofrecer un seguro de responsabilidad frente a terceros a un precio económico. 

La ciudad que sale peor parada en este análisis es Córdoba, ya que cuenta solamente con 35 bicicletas para sus ciudadanos distribuidas en cuatro puestos a lo largo de la ciudad. 

El informe también destaca que Madrid, 'una de las principales capitales de nuestro país', sea la única de estas que no disponga de un servicio de este tipo. 

Si comparamos el servicio que se presta en nuestro país con otros países, se concluye que, a nivel europeo, los precios son similares que en España, donde van desde la gratuidad a los 30 euros al año, y que, al otro lado del charco, los alquileres son más caros, como es el caso de Washignton donde se pagan 53 euros anuales por el servicio. 

La confederación detecta algunas cláusulas abusivas en los contratos del servicio público de bicicletas. El primer punto que detecta es que buena parte de estos contratos hace al usuario responsable total de los daños que se puedan ocasionar en la bicicleta. La polémica surge cuando una bicicleta está aparcada correctamente y sufre algún desperfecto por culpa de una tercera persona. 

Además, la CECU también denuncia que algunos condicionados imponen sanciones excesivas en relación a los incumplimientos que pueden considerarse de menor entidad, como el cobro total de la fianza por un uso superior a las 24 horas. 

Los servicios municipales prevén también, de manera extraordinaria, que se pueda iniciar un procedimiento sancionador por robo o uso indebido. Algunos condicionados determinan además que se puedan revisar las tarifas en cualquier momento, sin permitir al usuario darse de baja en el servicio sin sufrir ningún tipo de penalización. 

Por otra parte, de cara a la correcta implantación de este servicio, la CECU considera que los municipios deben adaptar sus ciudades dotándolas de carriles bici así como sensibilizar al resto de vehículos y peatones para respetar dichas zonas. De igual modo, los ciclistas deben cumplir las normas de seguridad establecidas, tal y como recomienda la organización. 

Se denuncia también que los teléfonos para notificar incidencias no sean gratuitos.