El Tribunal Constitucional (TC) ha tenido un 'sesgo conservador' a lo largo de la democracia y la causa principal no hay que buscarla en las reglas de renovación del Tribunal, 'sino más bien a su incumplimiento por parte del PP' tras la llegada al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2004. A esta conclusión llega Ignacio Sánchez-Cuenca, investigador de la Fundación Juan March, que ha rastreado el perfil de los 50 magistrados que entre 1980 y 2010 han integrado el Alto Tribunal, así como la secuencia completa de las renovaciones.

El 'sesgo conservador' aflora al comparar los periodos de mayorías en el Constitucional conservadora o progresista, con el perfil político del Ejecutivo. Según el estudio, España ha tenido un Gobierno progresista el 64,5% de los 31 años analizados, mientras que el porcentaje cae al 48,4% cuando se refiere al Alto Tribunal.

Sólo el 48% del tiempo ha habido mayoría progresista en el Alto Tribunal

El desfase tiene su origen en la llegada de Zapatero al Gobierno: 'Seis años después de haber llegado al poder, el PSOE no se ha visto acompañado por una mayoría progresista del Constitucional', sostiene Sánchez-Cuenca en Los retrasos y los sesgos de la composición del Tribunal Constitucional, trabajo que forma parte del Informe de la Democracia 2011 que el Laboratorio de la Fundación Alternativas presentará a principios de julio.

La situación de empate que existía en el TC desde 2008 no se ha alterado en favor de los magistrados progresistas hasta enero de 2011, ya en el tramo final de la última legislatura del Gobierno de Zapatero y tras la sentencia sobre el Estatut catalán. El motivo principal es que los magistrados elegidos por el Senado se renovaron con un retraso de 1.120 días. Los elegidos por el Congreso finalizaron su mandato en noviembre, pero siguen sin renovarse exige el acuerdo de tres quintos de la Cámara, pese a su reciente dimisión, no aceptada por el presidente.

El desfase tiene su origen en la llegada de Zapatero al Gobierno

'El bloqueo ha obedecido a la estrategia del partido de la derecha para conseguir, mediante una manipulación de la composición del TC, una sentencia del Estatut que fuera favorable a sus intereses', remacha Sánchez-Cuenca. En su opinión, esta 'estrategia de sabotaje' se debe en buena medida 'a la extraña actuación del PP en 2004'. Entonces, el Gobierno de José María Aznar hubiera podido renovar antes de los comicios a los dos magistrados cuyo nombramiento corresponde al Gobierno. Pero no lo hizo, 'confiado como estaba' de una victoria que al final no fue tal.

La investigación ha tomado como base para considerar progresista o conservador 'el significado ideológico del partido o fuerza política que promovió sus candidaturas en un primer lugar'. Este criterio 'no prefigura 'que un magistrado vaya a tomar partido siempre en la misma dirección política', pero deja poco margen para la 'interpretación subjetiva del investigador'.

Esta decisión metodológica hace que consten como progresistas tanto Manuel Jiménez de Parga, propuesto por el Gobierno de Felipe González en 1995, como Manuel Aragón, propuesto por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero en 2004, ambos impulsados por la izquierda y alineados a menudo con los magistrados conservadores.

Pero hay una gran diferencia entre la decisión de González y la de Zapatero: cuando el primero propuso a Jiménez de Parga, en el Constitucional había nueve progresistas, un conservador y uno de consenso. Cuando Zapatero se inclinó por Aragón, había cuatro progresistas, seis conservadores y dos de consenso, según el cálculo del estudio. Salvo en la primera legislatura, González siempre gobernó con un Constitucional de amplísima mayoría progresista. Zapatero sólo desde el pasado enero, y muy justita (7-5).

De los 50 magistrados que han pasado por el Alto Tribunal, el estudio contabiliza a 46 (todos, salvo la última renovación, ya en 2011). De ellos, considera a tres como 'realmente de consenso'; a 23, conservadores, y a 20, progresistas. Pero tras ponderar 'el número de magistrados de cada tendencia por los años que cada uno de ellos permaneció en el cargo', el estudio concluye que los magistrados progresistas suponen el 56,7% frente al 43,3% de conservadores. Pese a ello, sólo ha habido una mayoría progresista el 48,4% del tiempo entre 1980 y 2010.