Las instituciones dominadas por la mayoría absoluta del PP valenciano han merecido seis condenas judiciales durante los dos últimos años por su falta de transparencia. Cinco de las sentencias son del Tribunal Constitucional (TC) y afean la conducta de la Mesa de Les Corts Valencianes, el órgano que dirige el funcionamiento de esta institución. El sexto dictamen judicial es del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y condena a la Conselleria d'Economia por no mostrar contratos adjudicados a la trama Gürtel.

En el caso de las sentencias que condenan a Les Corts, fue la coalición de izquierda Compromís la que pidió el amparo del Tribunal Constitucional ante la reiterada negativa de la Mesa a tramitar decenas de preguntas dirigidas al Gobierno autonómico. La mayoría de las preguntas rechazadas versaban sobre el día a día de la gestión política. Indagaban, por ejemplo, qué estaba haciendo el Consell para evitar la contaminación de una fábrica de papel, o cómo estaba investigando el movimiento de tierras en una sierra protegida en lo que parecía ser una actuación urbanística fuera de la ley. Además, después del estallido del caso Gürtel, por el que el president de la Generalitat está imputado, los diputados quisieron saber qué contratos públicos consiguieron las empresa que formaban parte de la presunta trama empresarial.

La Mesa de Les Corts se negó a tramitar preguntas sobre corrupción

Para respaldar su negativa a tramitar estas cuestiones, la Mesa usó, alternativamente, dos argumentos tomados del Reglamento de Les Corts. El primero de ellos es que las preguntas afectaban a personas jurídicas o físicas sin relevancia pública. El segundo argumento era 'la índole jurídica' de las preguntas. Además, el citado órgano se negó a tramitar otras cuestiones espinosas para el PP, como la propuesta de reprobación de Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, por sus 'nepotismo clientelar', según denunció Compromís.

Preguntadas por el TC, Les Corts negaron haber vulnerado los derechos de los diputados. Su explicación en todos los casos fue que la Mesa tiene 'facultades de verificación que (...) puede extenderse al contenido material de las iniciativas con el objeto de comprobar que se ajustan a la legalidad parlamentaria'. Además, el Letrado Mayor de Les Corts argumentó en referencia a varias de las preguntas que se pretendía salvaguardar la reputación de las empresas privadas aludidas.

El TC no consideró válidas estas explicaciones. Afirma en sus sentencias que Les Corts vulneraron el artículo 23 de la Constitución, que regula el derecho de los ciudadanos a participar en política a través de sus representantes. Mónica Oltra, diputada de Compromís, consideró ayer que la opacidad 'genera un ambiente idóneo para la corrupción generalizada. Porque hay sensación de impunidad; no hay freno, no hay límite'.

El argumento era que las empresas de la 'Gürtel' no tienen relevancia pública

Desde el PSOE, recordaron que las cinco sentencias del TC pueden convertirse en seis, porque este grupo presentó otro recurso de amparo por la negativa a tramitar 450 preguntas sobre el caso Gürtel. Jorge Alarte, líder socialista, pidió 'un código ético de obligado cumplimiento' para paliar la opacidad. Por su parte, Marina Albiol, de EUPV, se lamentó de que 'en el País Valencià la separación de poderes es inexistente porque el poder ejecutivo controla totalmente la cámara legislativa'. Albiol recordó que su grupo también ha sufrido el veto a numerosas preguntas.

Este diario no consiguió que ningún representante de Les Corts accediera a contar su versión sobre el nivel de transparencia de la institución después de estas cinco condenas. Los portavoces del órgano argumentaron que la presidenta saliente, Milagrosa Martínez, había abandonado el día anterior su despacho. Tampoco fue posible localizarla a través del Grupo Parlamentario Popular, pese a que Martínez sigue siendo diputada.

Camps recurrirá ante el Supremo otra sentencia, esta vez del TSJCV

La última sentencia condenatoria por falta de transparencia se conoció el pasado martes. El TSJCV condenó a la Conselleria d'Economia por no contestar a las 1.508 preguntas que Compromís formuló acerca de los contratos menores entre la Generalitat y la trama Gürtel, con el argumento de que se vulneraría el secreto de sumario. La sentencia obliga a facilitar la información. El pasado viernes, Paula Sánchez de León, portavoz del Consell, anunció que recurrirán ante el Tribunal Supremo e insistió en que el secreto de sumario hacía imposible mostrar los contratos.