Ana Lima, presidenta del Consejo General de Trabajadores Sociales.

1. ¿Cuál es la situación de los servicios sociales?

Hay un aumento de la demanda y un cambio en los perfiles, provocado por la crisis. Además, se están recortando los recursos, a nivel central, autonómico y local. Es el momento de repensar qué necesita el sistema. Las asociaciones, los empresarios y los profesionales del sector exigimos una ley marco de servicios sociales estatal. Si hablamos de derechos sociales, todas las autonomías deben garantizarlos.

2. Los profesionales del sector pelearon para que no se recortara el plan concertado.

Finalmente se recortó en 10 millones. El Estado [quien reparte este fondo destinado a fines sociales a los consistorios] dice que los ayuntamientos quieren presupuestos no finalistas para gastarlos en lo que quieran. Pero si se plantea una reformulación del reparto, probablemente se carguen muchos servicios. Los ayuntamientos están en una situación de debilidad absoluta y la atención a familias e infancia y las rentas mínimas de inserción peligran. Además, como la gente ha dejado de cobrar el subsidio por desempleo de 426 euros, ahora piden la renta mínima de inserción a las autonomías, que no saben ni cómo la van a pagar.

3. ¿Cuál es el perfil de quienes necesitan ayuda ahora?

Han perdido el empleo, pero no están excluidos. Eso requiere una nueva forma de trabajar, apostar por el autodesarrollo, que la gente participe en su propio proceso de encontrar trabajo.

4. ¿Cuáles son sus demandas ahora?

Estamos preparando una propuesta de estructura de servicios sociales y de cómo trabajar para que los grupos parlamentarios la incluyan en sus programas electorales para las elecciones generales del año que viene. En junio haremos un primer manifiesto. La Ley de Dependencia es positiva, pero nos ha pillado la crisis y ha frenado el desarrollo de políticas sociales. También defendemos que la atención primaria, donde se hace el diagnóstico y distribuyen las prestaciones, sea pública. Eso está en peligro.