La activista saharaui Aminatu Haidar ha notificado al juez Pablo Ruz que esta semana no podrá testificar en la causa por la que investiga a altos cargos del Gobierno marroquí por delitos de genocidio y torturas en el Sáhara Occidental, al encontrarse hospitalizada por un problema en la garganta.

Ante este anuncio, el juez de la Audiencia Nacional se ha visto obligado a suspender su declaración, prevista para el jueves, aunque mañana escuchará el testimonio de otros seis saharauis que, como Haidar, presuntamente han sido víctimas de la represión marroquí, han informado fuentes jurídicas.

Haidar, en 2009 protagonizó una huelga de hambre de 32 días en el aeropuerto de Lanzarote para que la dejaran regresar a El Aaiún tras haber sido expulsada por Marruecos, ha notificado al juzgado la imposibilidad de comparecer ante Ruz dados sus problemas de salud y ha anunciado, a través de sus representantes legales, que como pronto no podrá hacerlo hasta junio.

Fuentes jurídicas consultadas por han señalado que la activista saharaui se encuentra ingresada desde hace 'bastante tiempo' en un hospital de Las Palmas de Gran Canaria por un problema de ganglios que le afecta a la garganta y, aunque en un principio se intentó que declarara por exhorto -a través de un juez del lugar en el que reside-, los médicos le han desaconsejado hablar y viajar.

Haidar ha comunicado que, por lo pronto, no podrá testificar hasta junio

Por su parte, los ocho saharauis que declaran mañana, y que en la actualidad residen en los campamentos de refugiados de Tinduf, en territorio argelino, lo harán en condición de testigos protegidos, por lo que hasta el momento no ha trascendido su identidad.

A la misma hora a la que esta previsto que declaren estos ocho testigos, la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara ha convocado una concentración de apoyo en las puertas de la Audiencia Nacional.

En enero del año pasado, el juez Baltasar Garzón, antecesor de Ruz en el Juzgado Central de Instrucción número 5, cursó una comisión rogatoria a Argelia para poder interrogar allí a trece refugiados saharauis, entre ellos los ocho que declaran mañana.

Sin embargo, Ruz decidió finalmente que los testigos viajasen a Madrid ante los problemas jurídicos que presentaba el hecho de que España no reconozca a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), a cuyos dirigentes le remitieron las autoridades argelinas.

Garzón se declaró competente el 30 de octubre de 2007 para investigar a trece altos cargos marroquíes por delitos de genocidio y torturas en el Sáhara en relación con la desaparición de cientos de saharauis, denunciada por varias asociaciones de Derechos Humanos.

Los principales altos cargos investigados son Housni Ben Sliman, superior que ordenó y dirigió presuntamente la campaña de detenciones y posteriores desapariciones en Smara en 1976, y Abdelhafid Ben Hachem, presunto responsable de los secuestrados en 1987 en El Aaiún y supervisor de los interrogatorios bajo tortura.

A Ben Hachem también se le acusa de haber secuestrado el 20 de noviembre de 1987 a Djimi El Ghalia y de que diera 'orden de torturarla'.

Los querellantes, asociaciones pro saharauis y de Derechos Humanos, aseguraban en su denuncia, presentada el 14 de septiembre de 2006, que el número de saharauis desaparecidos desde 1975 era de 542.