Un contrato público asignado sin concurso y pagos millonarios por obras que nunca se realizaron. Estas son algunas de las presuntas irregularidades que la Fiscalía Provincial de Valencia investiga en relación a uno de los contratos adjudicados por la Generalitat valenciana al arquitecto Santiago Calatrava. Se trata de las llamadas Torres de Calatrava, un complejo con varios rascacielos que se proyectó como anexo a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Calatrava cobró 2,5 millones de euros, aunque la obra nunca se hizo. La encargada de llevar adelante la investigación será la sección Anticorrupción de la Fiscalía Provincial, según fuentes oficiales de este organismo.

IU (EUPV, Esquerra Unida del País Valencià), promovió la investigación a raíz de las primeras investigaciones sobre el caso reveladas por Público. El pasado 25 de marzo, la formación presentó un denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). EUPV se refirió a tres proyectos auspiciados por la Generalitat y asignados al arquitecto: el Centre de Convencions de Castellón, la ampliación de la dársena del puerto de Torrevieja y las Torres de Calatrava.

La Fiscalía del TSJCV dividió la denuncia en tres casos diferentes y envió cada uno de ellos a las respectivas divisiones provinciales, que son las que deben decidir si se abre investigación o se archiva la denuncia. Hoy, la de Valencia comunicó a IU que 'se han incoado las diligencias de investigación penal'. Los delitos investigados, según la denuncia de EUPV a la que hace referencia el escrito de la Fiscalía, son 'prevaricación, malversación y defraudación tributaria' presuntamente cometidos por los 'intervinientes en la contratación y edificación de la parcela M3', en referencia al solar destinado a la construcción de las torres. Respecto a los otros dos proyectos, es cuestión de tiempo que las respectivas fiscalías se pronuncien al respecto.

La Fiscalía todavía tiene que pronunciarse sobre otros dos casos

En el proyecto de las Torres de Calatrava se aprecian varias irregularidades que, analizadas junto al resto de casos investigados en el País Valencià, desvelan la rutina seguida por el arquitecto y la Generalitat presidida por Francisco Camps cuando se trataba de firmar un contrato público para una obra millonaria. Este modus operandi se repitió, además, en el caso de la Ópera de Palma, por el que tanto el expresident balear Jaume Matas, también del PP, como Calatrava están imputados.

Todos los casos, los tres del País Valencià y el de la Ópera de Palma, se caracterizan por un hecho fundamental: Calatrava cobró sin que las obras llegaran, siquiera, a iniciarse. En total, el arquitecto se embolsó 6,7 millones de euros. En el caso de las Torres de Valencia, desde antes de firmarse el contrato en septiembre de 2005 se conocían las dificultades para que el proyecto llegara a ser una realidad: el solar que albergaría los rascacielos está situado en la senda de aproximación al aeropuerto de Manises y sujeto a un intrincado litigio judicial, por el que la Administración debe pagar una elevada suma de dinero a los antiguos propietarios de los terrenos para confirmar su titularidad sobre ellos. En el caso de la Ópera de Palma, el proyecto, firmado un mes antes de que se produjera el cambio de Gobierno, en abril de 2007, era también inviable según la Fiscalía Anti-

IU: 'La Justicia decidirá si el dinero pagado por nada ha de devolverse'

Los pasos a seguir para la contratación del arquitecto por parte de sendos gobiernos del PP fueron los mismos. En primer lugar, se produce sin que medie concurso público. En el caso de las Torres de Calatrava, Gerardo Camps, conseller d'Economia del País Valencià, justificó la decisión de contratar a dedo a Calatrava en función del 'objeto artístico'. Ese fue el mismo argumento que Matas utilizó para hacer lo propio, y en su caso el juez instructor del caso Ópera de Palma concluyó en uno de sus autos que este argumento no es suficiente para acudir al procedimiento negociado sin publicidad. Además, las negociaciones e incluso el anuncio del proyecto se hace, en los dos casos, meses antes de que se firmen los acuerdos. En ambos casos, además, la formalización del contrato se hizo a través de una empresa pública: Ibisec, en Balears, y CACSA, en el País Valencià.

Existe también similitud en la rapidez en los pagos: Calatrava cobró por el proyecto balear en un mes. En el caso valenciano, el contrato se firmó en septiembre de 2005, y en él se acordaron unos honorarios de 15

millones de euros. El arquitecto cobró 2,5 millones antes de que terminara el año. El informe del Síndic de Comptes (Tribunal de Cuentas valenciano) afeó a la Generalitat, en el informe correspondiente a ese ejercicio, que se hubiera efectuado el pago sin 'un estudio de necesidades justificativo de la contratación a efectuar'. Por último, en todos los casos, el dinero público ha llegado a una cuenta en Suiza, el país donde el arquitecto tiene establecido su domicilio fiscal.

No se conocen más detalles del contrato referente a las Torres de Calatrava porque la Generalitat se niega a mostrarlo a la prensa o a la oposición con el argumento de que son confidenciales, porque así lo solicitó el arquitecto. Esta es una 'práctica jurídica' habitual, según afirmó Gerardo Camps en marzo. El secreto deja libre, afirmó el conseller, 'lo más importante, cuánto se va a pagar, cómo y dónde'.

La actuación de Camps y Calatrava emula a la de Matas con el arquitecto 

Lo que no se conoce, en efecto, es el detalle de las disposiciones del contrato. Aunque es posible hacerse una idea aproximada a partir del contrato del Centre de Convencions de Castelló, al que EUPV consiguió acceder después de meses de peticiones. En este documento, se establecen cláusulas que favorecen al arquitecto frente a la Administración. La Generalitat aceptó pagar al arquitecto en función del precio final de la obra, lo que en la práctica supone premiar los millonarios sobrecostes en los que suele incurrir Calatrava. Además, se comprometió a pagar un millón de euros después del contrato.

Marga Sanz, candidata de EUPV a la Generalitat, pidió ayer 'que sea la Justicia la que decida si el dinero pagado por nada ha de devolverse a los ciudadanos'.