El plan contra el empleo sumergido dará tres meses a las empresas para que declaren todo el empleo sumergido antes de subir las sanciones. Así lo ha asegurado el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, quien ha negado que se trate de 'una amnistía' para las empresas. 

'No lo es porque durante ese tiempo nosotros no aplicaremos el nuevo esquema de sanciones, pero no habrá perdón', ha asegurado en declaraciones a Los Desayunos de TVE, donde ha explicado que el Ejecutivo dará 'facilidades' e 'incentivos' a las empresas que cumplan con el objetivo de emerger empleo irregular.

También ha asegurado que se están estudiando las propuestas de los agentes sociales sobre empleo sumergido y que las que consideren 'razonables' serán 'atendidas'. 'Lo fundamental es mirar al futuro antes que al pasado. La idea no es pensar en lo que las empresas han hecho sino ayudar a emerger empleo, que el trabajo no declarado cotice, genere derechos para los trabajadores, ingresos para la Seguridad Social y también para Hacienda', ha añadido.

'La tasa de paro es inasumible, pero no prevemos llegar a cinco millones'

Sobre el dato del paro, que se conocerá mañana a través de la EPA (Encuesta de Población Activa), Gómez ha adelantado que 'las previsiones indican que no llegaremos a los cinco millones de parados', aunque ha reconocido que el dato será malo ya que el mes de abril 'siempre es malo en cifras de paro'. 

El titular de Trabajo ha coincidido con la opinión de la vicepresidenta y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, quien ha admitido que la tasa de paro 'es inasumible' pero ha descartado alcanzar los cinco millones de parados.

Gómez también se ha referido a la reforma laboral, a la que muchos achacan falta de resultados concretos. El ministro ha puesto de ejemplo la reforma llevada a cabo en 1984 y ha afirmado que al año siguiente comenzó a crearse empleo. 

El Gobierno también ha aceptado la enmienda que introdujo el PSOE en la reforma de las políticas activas de empleo en la que se obligaría a las empresas con beneficios que prejubilen a trabajadores a partir de 50 años, que cubran parte del coste de esos despidos. 

'Hay que asentar de una vez el principio en España de que las empresas, teniendo todo el derecho del mundo a realizar los ajustes que consideren necesarios, cuando hagan de forma que los trabajadores abandonen finalmente el mercado laboral, lo paguen de una forma ordenada, justa, vamos a tener en cuenta el conjunto de las situacines', ha asegurado.

'Llenamos de grúas el país para construir las casas más caras'

Además, ha admitido que las empresas aún 'no están bien financiadas' porque existe 'un sistema financiero muy afectado por los excesos del período entre 1995 y 2004'. 'Unos excesos intolerables para un país como España, que se sembraron en una etapa de expansión insostenible del mercado inmobiliario en la que llenamos el país de grúas para construir las casas más caras de Europa', ha criticado.

Gómez considera que el volumen razonable de empleo en el sector de la construcción debe rondar los 1.400.000 empleados. 'Es más que suficiente', ha asegurado tras explicar que cuando comenzó la crisis, en España había 'más empleados en la construcción que en Alemania, un país que nos duplica en tamaño.